Avanza México en la implementación del convenio de Estocolmo

• Inician Semarnat y PNUD proyecto para manejo ambientalmente adecuado de contaminantes orgánicos persistentes en nuestro país.

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Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los compromisos de México ante el Convenio de Estocolmo, la Semarnat y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) iniciaron un proyecto para lograr el manejo adecuado y destruir los bifenilos policlorados (BPC), contenidos en algunos equipos de los sistemas de transmisión eléctrica.

Durante el taller de arranque del Proyecto “Manejo ambientalmente adecuado y destrucción de BPC en México: Segunda Etapa”, realizado en la Ciudad de México, ambas instancias dieron a conocer las actividades que se llevarán a cabo en los próximos cinco años para eliminar por completo el uso de los BPC para el año 2025.

Explicaron que los BPC se clasifican entre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), o askareles, los cuales son líquidos aceitosos que se utilizan en los transformadores eléctricos, y que, por sus características como COP, persisten en el ambiente y son capaces de viajar grandes distancias, además de acumularse en los tejidos vivos y ocasionar graves efectos crónicos en la salud de las personas y de los ecosistemas.

Como país signatario del Convenio de Estocolmo, México está comprometido a eliminar los residuos asociados que puedan existir en el país, indicó Erick Jiménez Quiroz, Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat.

Agregó que “México ha logrado avances en el cumplimiento de este Convenio”, por lo que el proyecto Manejo ambientalmente adecuado… nos ayudará a sumar logros en la eliminación de sustancias COP y reducir el riesgo en la salud humana y los ecosistemas”.

Explicó que mediante la ejecución del proyecto se pretende beneficiar directamente a 1,000 personas que trabajan en instalaciones de mantenimiento eléctrico y a usuarios de sitios sensibles, así como también hasta a 500,000 personas con posible contacto con transformadores contaminados.

Por su parte, Lorenzo Jiménez de Luis, Representante Residente en México del PNUD, expresó que, en esta segunda etapa, el proyecto busca eliminar 5 mil toneladas de estos contaminantes, así como sentar las bases para su eliminación completa, gestión costo eficiente y contribuir a que México cumpla sus compromisos con el Convenio de Estocolmo, del cual es parte desde 2001.

Añadió que el proyecto incide directamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 relativo a garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, además de contribuir a varios ODS de la Agenda 2030 relacionados con la reducción de la pobreza, cuidado de la salud, calidad del agua y generación de empleo.

El encuentro se realizó tras las recientes reuniones de las Partes de los convenios de Estocolmo, Basilea y Rotterdam, los más importantes a nivel global sobre el manejo ambientalmente adecuado de sustancias peligrosas.

Tanto la Semarnat como el PNUD refrendaron su convicción de colaborar para proteger la vida humana y los ecosistemas, y expresaron su disposición a prevenir los efectos dañinos de las sustancias y residuos peligrosos mediante su restricción, eliminación y control de su uso, comercio, liberación y disposición, para que estos sean ambientalmente adecuados.

Destacaron entre los retos que enfrentamos los de transitar hacia la producción y uso de alternativas más seguras, en tanto se alcanzan las metas de evitar la liberación de COP no intencionales; identificar nuevos COP que representen riesgos a la salud de las personas y los ecosistemas, y asegurar la disponibilidad de recursos técnicos y financieros para lograr el cumplimiento de nuestros compromisos en la agenda global.

El taller de arranque contó con la participación de representantes de diversas organizaciones e instituciones, entre las que destacan las industrias química y minera, la Comisión Federal de Electricidad, la industria alcoholera y hospitales, entre otras.

Entre las instituciones participantes están la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y la Cámara de Diputados.

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