Más que leyes, en México se requiere fortalecer la legitimidad de las autoridades fortaleciendo las instituciones, principalmente las enfocadas a la rendición de cuentas y a la transparencia, consideró Stephen Morris, durante la Conferencia “Integridad y Estado de Derecho en México: dilemas, brechas y veredas», promovida por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Transparencia Mexicana.
En esta conferencia presidida por la Comisionada Presidente de la CAIP, Blanca Lilia Ibarra Cadena, así como de Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Stephen Morris, quien es Jefe del Departamento de Ciencia Política de Middle Tennessee State University y profesor adjunto del departamento de estudios latinoamericanos de la Universidad de Vanderbilt, refirió que, según los estudios realizados en México, la corrupción representa una conducta esperada pero no aceptada por la sociedad, condenada pero no denunciada por lo que la acción de los ciudadanos tiene que ser determinante para detener el paso a las conductas ilícitas.
Teniendo como escenario el auditorio de la Escuela Libre de Derecho, el experto en corrupción en México y América Latina dijo que si bien se han registrado avances en la cultura de la legalidad, en nuestro país la gente todavía no percibe que la corrupción se haya reducido, tal y como se demostró en un estudio realizado en 2010, donde se dijo que el 87% de los encuestados cree que los políticos deben rendir cuentas a la sociedad; y el 62% de los ciudadanos declaró estar en desacuerdo con la frase “el no transa no avanza”, sin embargo, dijo el experto, el 75% de los delitos aún no se denuncia por la falta de confianza en las instituciones.
Acompañado también por los Comisionados Samuel Rangel Rodríguez y Javier Fregoso Sánchez, así como del Director de la Escuela de Derecho, Gerardo Foncerrada Tejeda; el autor de varios libros sobre corrupción y política, resaltó la importancia de la participación ciudadana para cambiar el modelo social que hoy se percibe en el país, pues si bien es cierto, el gobierno debe ser el primero en respetar las leyes, también resulta grave que en México el 76% de la población haya aceptado que ha comprado un producto pirata, lo que refleja el elevado incumplimiento de las normas entre los ciudadanos.
Insistió en la necesidad de fortalecer la legitimidad de las autoridades donde la aplicación de las leyes debe ser en función de la consolidación del Estado de Derecho y sin estar contaminado con fines políticos, pues actualmente, cuando se enjuicia a algún funcionario por corrupto, siempre queda la idea que se trata mas por un asunto político que por hacer justicia.
Por su parte Eduardo Bohórquez, Presidente Ejecutivo de Transparencia Mexicana dijo que este tipo de análisis, donde se conjuntan la academia, los encargados de promover el ejercicio del derecho a saber y quienes vigilan la rendición de cuentas, permite conocer la realizad del país desde una perspectiva externa, lo cual contribuye a encontrar nuevos modelos para avanzar en la cultura de la transparencia.
Por su parte, Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidente de la CAIP refirió que el fortalecimiento del Estado de Derecho y por consiguiente, el combate a las prácticas ilícitas, debe generar no solo una discusión y análisis, sino también una acción contundente de una sociedad dispuesta a asumir un rol activo y de corresponsabilidad en los asuntos que competen a la comunidad.
Dijo que estas reflexiones deben llevarnos a mejores prácticas, así como a diseñar estrategias que nos permitan como sociedad, avanzar en el respeto de nuestros derechos para fortalecer la democracia.
En esta conferencia estuvieron presentes también, la diputada Josefina Buxadé, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, David Villanueva Lomelí, titular del Órgano de Fiscalización Superior, así como el director de la Escuela Libre de Derecho Gerardo Tejeda Foncerrada.
