Una Ley Federal de Archivos permite un mayor conocimiento de las instituciones y de su transparente funcionamiento, indicó el maestro Gustavo Villanueva Bazán, Presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior.
En el marco del Trigésimo Aniversario del Archivo Histórico Universitario de la BUAP, comentó que en México no existía un ordenamiento de los estatutos en materia de archivos, sino hasta después del decreto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental en 2002.
Señaló que primero era necesaria una ley que reglamentara la forma en la que los registros deben organizarse, de esta manera tendría mayor efecto una Ley de Transparencia, pero dicha situación se dio a la inversa.
«Al buscar esa transparencia y acceso a la información, se dio cuenta que ésta se encuentra en los archivos». Así el 23 de enero de 2012 se establece la Ley Federal de Archivos. Anteriormente hubo varios intentos por crear esta legislación, pero por múltiples razones no se llevó a cabo.
Ahora los profesionales de este ámbito deben plantearse cómo trabajar en base a esta política, la cual «permite que la comunidad que se encarga de los archivos en México tenga un instrumento para desarrollar mejor sus tareas».
El también Miembro del Consejo Nacional de Archivos expuso que al no haber una norma existía dispersión de métodos, conceptos e instrumentos que rigen los documentos y no permiten un desarrollo de la disciplina archivística.
«Esta ley actualmente permite buscar esa uniformidad de la tarea archivística en beneficio de los documentos, de la administración y la memoria histórica de las instituciones».
Dijo que se piensa que la gestión de los archivos es fácil, pero en realidad requiere de una serie de métodos y disciplinas. A partir de este marco general se desarrolla una serie de instrumentos, por ejemplo un cuadro de clasificación.
Villanueva Bazán destacó que se necesita una nueva forma de concebir a los archivos, ya que éstos son el brazo derecho de las administraciones, la memoria histórica de la sociedad y un garante de la democracia, «porque ahí es donde se encuentra la información que estará abierta al ciudadano para ejercer sus derechos de acceso a la información».
