Medios de financiamiento para actividades ordinarias, tema del foro 15 del Parlamento para la Reforma Electoral

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  • Es un asunto particularmente sensible por su alcance y significado: diputado Robledo Ruiz

Diputadas y diputados, así como especialistas y académicos expusieron sus puntos de vista en el Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, durante el foro 15 denominado Medios de financiamiento para actividades ordinarias, convocado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Este tema es parte neurálgica de la propuesta

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), dijo que el tema del financiamiento es la parte neurálgica de la propuesta de reforma que provocó esta sana discusión, la cual tiene alrededor una serie de iniciativas de diputadas y diputados. Es particularmente sensible por su alcance y significado.

Vamos a comentar y discutir, sin que se deba omitir hablar de alguna de las otras modalidades del financiamiento público, pues van paralelas, así como el uso de prerrogativas de tiempo, que da para muchísima discusión, agregó.

Fórmula para asignación de recursos no es la adecuada

En la modalidad Mesa en Comisiones, Ramón Hernández Reyes, director de Capacitación Interna y Carrera Judicial y profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimó que la fórmula para la asignación de recursos financieros a los partidos políticos no es adecuada a la realidad económica, política y social, ya que el Padrón Electoral no corresponde a un nivel de participación ciudadana en las elecciones, además de que contiene un mayor incremento anual que el propio listado nominal.

Además, continuó, la Unidad de Medida y Actualización también mantiene un incremento mensual y anual que actualmente es del orden del 10 por ciento, y la inflación en contraparte es del 8.15 por ciento, señaló.

No se ha desterrado la sospecha de la relación entre dinero y política

Rodrigo Morales Manzanares, exconsejero electoral, aseguró que a pesar de la evolución normativa no se ha conseguido desterrar la sospecha de que la relación entre el dinero y la política sigue siendo perniciosa, por lo que se necesita una reforma para quitar la percepción de que el dinero influye de forma indebida en la vida interna de los partidos políticos o en el desarrollo de las contiendas electorales, pero, aclaró, no es un reto sencillo.

Indicó que reducir los montos de financiamiento puede ser un ahorro engañoso que solo dé pie a la simulación; los costos de las campañas no pueden bajarse por decreto. “Nos debemos ocupar en perfeccionar la rendición de cuentas y estar atentos de que la equidad es un concepto cambiante, dinámico y que cada tanto hay que actualizar”.

Aumento de financiamiento no es señal de competencia

Engels Agustín Contreras Piña, consultor en materia político electoral, indicó que no hay señal clara de que la competencia entre partidos políticos sea resultado del aumento de su financiamiento público y mucho menos de que esto se traduzca en mayor participación pública.

Resaltó que en 2018 aumentó en casi mil millones de pesos el presupuesto a partido políticos, lo que no se tradujo en el incremento de la calidad de la democracia; se logró solo una participación con 63.4 por ciento, mientras que en 2021, solo de gasto ordinario, volvió a aumentar mil millones de pesos y la participación fue del 52.6 por ciento.

Posibilidad de una vida democrática menos costosa

María Luisa Jiménez Poblano, asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización, apuntó que la reforma propuesta privilegia la posibilidad de contar con una vida democrática menos costosa, para reorientar el financiamiento público a los partidos políticos a actividades de mayor utilidad y beneficio a la población.

La entrega de esos recursos ha creado dependencia y separatismo de los partidos políticos para buscar fuentes lícitas privadas; no contar con este financiamiento volverá más dinámica y participativa la relación con su militancia y la sociedad, además de que no han logrado infundir confianza en los electores ni mayor participación, precisó.

El financiamiento público no es un gasto frívolo, es una inversión

Víctor Alarcón Olguín, doctor en estudios sociales, con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa sostuvo que el financiamiento público a los partidos políticos “no es un gasto frívolo, sino una inversión y expresión democrática como se pensó en 1977”. Planteó que se debe inducir adecuadamente a que los partidos aprendan a reorganizar su gasto y definir prioridades que alienten el debate público, para que esas rutas permitan que “no pasen de la noche a la mañana a ser botín del crimen organizado”.

 “Debilitar al sistema de partidos de un solo golpe con una reducción a cero del financiamiento público fuera de los procesos electorales, es entregarlos literalmente al crimen organizado o a cualquier otro tipo de poder fáctico que tenga las condiciones de corromper a la estructura de la clase política, como de por sí, en muchos ámbitos y aspectos, se asume en la noción de desprestigio. El reto: Sí reducir recursos, pero aprender a gastar mejor”, alertó.

Importante conservar el financiamiento público

Carol Berenice Arellano Rangel, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, destacó la importancia de conservar el financiamiento público en actividades ordinarias y no sólo mantenerlo en campañas electorales, para que los partidos tengan la oportunidad de formar a sus cuadros y sigan apoyando a grupos vulnerables en diversas gestiones. “De aprobarse esta reforma se estaría quitando el sistema de partidos y se transitaría a un modelo independiente”, advirtió.

 “Si se quitan estos recursos los partidos ya no tendrían dinero para atender sus obligaciones estatutarias, el sostenimiento de sus órganos directivos y dirección en los distritos, municipios y entidades federativas”; tampoco para sueldos de personal, arrendamiento de inmuebles, propaganda institucional y en general, gastos de procesos internos de selección de sus candidaturas.

Participación de las y los legisladoras

Vía electrónica, del PT el diputado Pedro Vázquez González refirió que en la LXIV Legislatura su bancada propuso reducir el factor multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, ya no por un 65 por ciento, sino disminuir a la mitad, calcularlo con 32.5 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero con una distribución igualitaria de la bolsa entre los partidos políticos.

Con ello, se lograría la participación en forma igualitaria de los actores políticos, ¿Qué opinión les merece este planteamiento de obtención de financiamiento para actividades ordinarias y su posterior distribución?, preguntó.

De forma presencial, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer refirió que en la distribución de dinero a los partidos políticos existe una partida para una franquicia postal y telegramas, cuando estos mecanismos ya no se usan, así como la contratación de diversos cursos en materia política. ¿Es lógico que se siga teniendo una franquicia postal?, preguntó. Aclaró que no se trata de tener una guerra de privilegios entre partidos y autoridades electorales, sino hacer ajustes en todo el sistema político a nivel nacional.

Del PVEM, el diputado Fausto Gallardo García apuntó que la ciudadanía demanda procesos electorales más austeros, lo que implica hacer campañas más cortas y efectivas con menos recursos, por lo que pidió saber cómo se pueden determinar los límites del financiamiento público para los partidos políticos sin que esto implique establecer un sistema de financiamiento privado por los riesgos que ello tendría.

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) aseguró que en 2018 se demostró que no es necesaria la excesiva asignación de presupuesto a partidos para la participación del pueblo en la democracia, por lo que preguntó sobre la democracia participativa.

De la misma bancada, la diputada Graciela Sánchez Ortiz puntualizó que en la propuesta de reforma política-electoral no se solicita que se elimine el recurso público para partidos en tiempos electorales, solo en tiempo ordinario, pero para ello se buscan propuestas para ver de dónde obtendrían el recurso. Preguntó cómo convencer a la ciudadanía de que sus impuestos están en buenas manos y si el dinero es igual a democracia y si se podría esperar mayor sensibilidad de los partidos para gastar de mejor manera sus recursos.

También de Morena, la diputada Susana Prieto Terrazas dijo que si no se ha planteado una reforma a la Ley de Radio y Televisión por qué el Estado les otorga las concesiones a los medios, y por qué no exigirles que en tiempo triple A den de manera gratuita las intervenciones y haya una mejor proyección hacia la comunidad respecto a la plataforma electoral. ¿Por qué le tiene tanto miedo al financiamiento privado, si hay candados bancarios claros para éste?

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) cuestionó si es coherente o adecuado que los consejeros del INE no cumplan con el artículo 41, Base Quinta, Apartado B de la Constitución. ¿Es correcto que el Consejo General del INE vulnere el artículo 41, Base Segunda de la Carta Magna? ¿Ustedes consideran que sí es necesaria esta reforma respecto a los medios de financiamiento para actividades ordinarias, para que los consejeros del INE cumplan con su encargo?

El diputado Robledo Ruiz consideró que muchas de las participaciones abordaron los recursos de campañas y procedimientos electorales, pero el problema son las millonarias cantidades que no están sobre la mesa, lo cual ninguna de las iniciativas plantea. “Escapa de la escasa vigilancia que tienen las autoridades electorales”.

Respuesta a las y los diputados

Al dar respuesta, Morales Manzanares aclaró que no es que se tenga miedo al financiamiento privado, se puede explorar la opción y puso el ejemplo de Estados Unidos donde están perfectamente etiquetados, por lo cual no necesariamente se vuelve una zona de opacidad. “Es una oportunidad de revisar los cajones y actualizarlos”.

Hernández Reyes comentó que es importante que la legislación se actualice a las necesidades y tiempos de los procesos electorales. Señaló que la impunidad financiera sigue sin consecuencias y que candidatos que tuvieron negado el registro porque no presentaron informe de gastos de campaña, con mano en la cintura se pasan a otra candidatura. “Hubo casos de desproporción en tema de gastos y de inyección de dinero por parte de empresas, principalmente a procesos electorales, sin que haya un registro de las propias empresas”.

Contreras Piña expresó que si los partidos no hacen nada para cumplir con preceptos de la norma constitucional es un despropósito que viendo la realidad económica se les asigne tanto. “En ese tenor apelo a que haya un razonamiento de si es necesaria la desaparición total del financiamiento o reducirlo. Es una falta de respeto al pueblo que se les asigne tanto y no contribuyan a fortalecer en lo democrático”.

A su vez, Arellano Rangel afirmó que es viable la propuesta del grupo parlamentario del PT porque se encamina a un cambio gradual y no la desaparición total del financiamiento público. Además de reforzar la captación de recursos privados, donde el INE ha dicho que es un área de oportunidad, la cuestión es que muchos partidos políticos no registran todo el financiamiento privado que reciben, el cual sí se puede regular.

“Sí le tengo miedo que no haya financiamiento público porque hay necesidades para dar apoyo cercano a la gente, como a las mujeres, para atender la violencia en sus ayuntamientos”, sostuvo.

Sobre el gasto en la franquicia postal, telegramas y cursos en línea, dijo que hay una gran área de oportunidad legislativa. Explicó que los institutos electorales por ley tienen que presupuestar diversos rubros, aunque no se usen, por eso es una oportunidad para evolucionar y las y los diputados puedan mover esta parte del financiamiento a gasto ordinario, para considerarlo a redes sociales.

Por su parte, Alarcón Olguín consideró que el gran reto es que los partidos políticos no tienen educación financiera, la cual debe partir de anticipar márgenes hacia dónde destinarán sus recursos y actividades. Hay un elemento importante de autoeducación financiera, a fin de ayudar y apoyar en el proceso de construcción eficiente y diálogo con la ciudadanía para diseñar anteproyectos de gastos tan pronto reciban la notificación del INE.

Respecto a los apoyos privados, comentó que los partidos deberán visualizar una mejor programación de cómo conseguirlos y en dónde se priorizarían. Señaló que ha habido mucha dificultad en cómo homologar el recurso que reciben los candidatos independientes a la de un partido político.

Jiménez Poblano afirmó que sí es pertinente la reforma electoral. Sobre la autoridad fiscalizadora, precisó que es un reto muy grande esta nueva reforma.

Los estatutos de los partidos marcan que pueden obtener financiamiento por otras vías, pero a lo largo de la historia no han sabido aprovechar sus recursos al pagar multas, que no habría necesidad si se comprometieran a cumplir los objetivos de que haya mayor participación ciudadana. “Sí es conveniente esta reforma con diferentes reglas que contribuyan a la democracia del país”, agregó.

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