Proponemos una Guardia Nacional Civil

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La Minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado para aprobar la Guardia Nacional busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola. En lugar de avanzar en lo que organismos nacionales e internacionales como la CNDH, la CIDH, la ONU y cientos de organizaciones y expertos han recomendado para construir el modelo de seguridad que el país necesita.

La discusión pública ha estado marcada por la simulación y la distorsión entre lo que está en la Minuta y el discurso público, pues si bien es cierto que insistentemente se habla de la Guardia Nacional como un cuerpo civil, el propio presidente de la República, la Estrategia Nacional de Seguridad presentada en el Senado y el texto de la reforma, establecen claramente que el mando operativo, la jerarquía, disciplina, capacitación y nombramientos de la nueva institución sería militar.

El fuero militar, la capacitación y mando operativo a cargo de la SEDENA, así como la intención de agregar un artículo transitorio que permita que las fuerzas armadas continúen haciendo labores de seguridad pública, tal y como hoy lo hacen y por tiempo indefinido, son algunos de los elementos más peligrosos de lo que se podría aprobar en los próximos días.

Hacemos propia la grave preocupación que han manifestado 6 mandatos de la ONU en el sentido de que de aprobarse la reforma en sus términos se “daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado”.

Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, presentamos hoy una propuesta alternativa de dictamen para la creación de la Guardia Nacional que asegure que se trata de una institución civil. Entendemos el problema de inseguridad y violencia que vive el país, pero estamos convencidos de que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso Alvarado en la que se condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de 3 personas a cargo de elementos del ejército. Cualquier decisión sobre el uso de las Fuerzas Armadas, debe darse dentro del marco constitucional vigente.

Exhortamos a todas las senadoras y senadores, y especialmente al grupo mayoritario, a que este tema se discuta y trabaje en un ejercicio de parlamento abierto, que no se ha dado aún en el Congreso, pues muestra de ello es la grave omisión a convocar a víctimas que han padecido los excesos de las Fuerzas Armadas en los 12 años que lleva la estrategia fallida.

Si la guerra contra las drogas ha terminado, no pueden constitucionalizarse sus causas y efectos. Hay que construir paz, con evidencia y responsabilidad democrática.

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