El pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, integrado por Blanca Lilia Ibarra Cadena, en la Presidencia, así como por los Comisionados Samuel Rangel Rodríguez y Javier Fregoso Sánchez, acordó trabajar de manera conjunta con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz, para dar seguimiento a las acciones de promoción y difusión de las nuevas obligaciones que en materia de transparencia, impone la ley.
En esta reunión de trabajo, el Presidente del Tribunal Superior del Estado David López Muñoz mostró total interés por mantener actualizada la página electrónica del Poder Judicial, donde, a partir del 1 de enero de este año, se incluyen nuevas obligaciones de transparencia establecidas en el Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Entre estas disposiciones que la ley marca de manera específica para el Poder Judicial del Estado, se encuentra información relativa a las actas, minutas, acuerdos y resoluciones que se tomen en las sesiones, así como la votación de cada una de ellas, así como la Estadística Judicial.
También deben publicarse en la página electrónica las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un procedimiento, que se hayan emitido en cada instancia, protegiendo en todo momento la información de acceso restringido.
Los datos completos de la carrera judicial incluyendo convocatorias, registro de aspirantes y resultado de las evaluaciones.
El monto y la periodicidad de los apoyos económicos y en especie otorgados a sus trabajadores en todos sus niveles, las listas de notificación de los acuerdos, laudos, resoluciones y sentencias, entre otras.
El Pleno de la CAIP reiteró su disposición para ofrecer la asesoría y capacitación necesaria a todos los Sujetos Obligados, con la finalidad de ofrecer las herramientas necesarias para que puedan cumplir con las disposiciones que marca la Ley de Transparencia.
Cabe recordar que en los Transitorios Sexto y Séptimo de la Ley, los Sujetos Obligados disponen de 6 meses a partir del 1 de enero de 2012, para adecuar sus sistemas electrónicos así como para tener disponible la información pública de oficio que les corresponda en cada caso.
