Derechos Humanos
Se dice que vivimos en un Estado de derecho, que vivimos bajo leyes y normas para la convivencia social, que vivimos en un país de instituciones, regido todo por una Constitución de la república, piedra angular en la vida del país.
Cada estado de la república tiene su propia Constitución, su congreso local, su procuraduría de justicia y su Tribunal Superior de justicia. Por eso se dice que vivos en un Estado de leyes y de instituciones.
Toda esta compleja estructura de leyes y normas, a las que todos estamos obligados a cumplir, hace suponer que los mexicanos vivimos en un paraíso legal, en el que todo intento a la ilegalidad es corregido de inmediato porque nadie puede estar fuera de la ley.
El país tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al máximo órgano responsable de impartir justicia y aplicar el estado de derecho. Los ministros de la Corte son expertos en leyes, y se supone que todo asunto de ilegalidad que toquen lo llevan al estado de derecho y en ese sentido se resuelve.
Hasta aquí esa compleja estructura de la legalidad en este país, hasta aquí el mundo de los magistrados, del Congreso federal, de los congresos locales, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la comisiones estatales de derechos humanos, de los avances en los juicios orales, del recurso del amparo constitucional, de las salas regionales y todo el vericueto, ese laberinto legal para aplicar justicia en este gran país.
La realidad es otra muy distinta, porque mientras por un lado las existe ese estado de derecho, representado por una diversidad de instituciones, una carga burocrática que cuesta a los mexicanos cientos de miles de millones de pesos anuales, por otro, hay decenas de millones de mexicanos a los que se les violan los derechos cada día, muchos miles de ellos purgan condenas en las cárceles por delitos que no cometieron.
Para esos millones de mexicanos que sufren la violación de sus derechos no existe el estado de derecho, ni la Constitución federal, ni las constituciones de los estados, ni las cámaras federales de diputados y senadores, ni los congresos locales, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni las comisiones locales de derechos humanos, ni las Procuradurías de justicia, ni los Tribunales de Justicia, ni nada, no hay quien los defienda, no hay quien les haga justicia, casos hay cientos, miles.
Lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa Guerrero, asunto grave que sacude al país, es sólo un caso reciente, lo que sucedió en Puebla en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan es otro caso reciente, apenas se informó de sanciones pero a los mandos medios y a 4 o 5 policías que estuvieron en el operativo, pero los mandos superiores quedaron sin sanción, lo que le ocurrió al niño Osvaldo Barragán a quien le explotó una granada, es un caso olvidado, el luchador social de 90 años de edad, Delfino Flores Melga, quien murió en la cárcel porque nunca recibió el beneficio del arraigo domiciliario debido a su avanzada edad, los casos de miles de detenidos acusados de violar todo, siguen atorados, archivados, olvidados, las instituciones que deben intervenir no lo hacen, los magistrados hacen que no saben ni se enteran, lo que no se les olvida es cobrar sus mensualidades que superan los 400 mil pesos, a lo que suman sus jugosas prestaciones.
Este es un país lleno de leyes, lleno de universidades públicas y privadas que forman profesionales en derecho, este es un país lleno de foros y congresos nacionales en los que se habla de derecho, pero también es un país lleno de injusticias, abusos y arbitrariedades, un país lleno de corrupción.
Hace unos siete años con el caso Gober precioso y Lydia Cacho, los magistrados de la SCJN dieron otro ejemplo de que no vivimos en un estado de derecho sino de intereses, unos declararon culpable, otros inocente a Mario Marín, la ley no puede interpretarse según conveniencias e intereses, el acusado es inocente o culpable, y los magistrados que tanto conocen de leyes lo saben, ¿por qué para unos era inocente y para otros culpable? Si al ladrón se le demuestra que robó es culpable, y si se demuestra que no robó es inocente, así de sencillo. ¿Cómo entre los magistrados, doctos en derecho, había duda de la inocencia o culpabilidad del ex gobernador teniendo toda la información sobre los hechos?
Ah, pero en este país las leyes se hicieron para defender a los poderosos y hundir a los débiles, las leyes las inventan y las aprueban los fuertes, por lo tanto no son aplicables a ellos sino a los demás, y si no, ¿cuántos poderosos de la política y la economía están en las cárceles, ninguno, y no porque sean santos, o blancas palomas, son los mayores violadores de derechos humanos, explotadores de trabajadores. Las cárceles están llenas de pueblo, de trabajadores, de dirigentes, de maestros, de comerciantes, vendedores, campesinos, indígenas, etc. Como si del lado del pueblo estén los malos y de lado de los poderosos los buenos, cuando todo indica que es a la inversa.
Así es este gran país, lleno de leyes e instituciones, pero también lleno de podredumbre y corrupción.
