El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace público a la sociedad poblana y a la sociedad mexicana en general la absurda resolución del Juez Penal de Cholula Puebla con respecto a empecinarse a mantener en prisión preventiva al Defensor Ambientalista Juan Carlos Flores Solís.
Burlando todo apego a legalidad y sentido común el Juez Penal de Cholula Lic. Alejandro León Flores pasó por alto la sentencia de amparo ejecutoriada de la Jueza Séptimo de Distrito en el estado de Puebla, lo que lo obliga a reparar las violaciones al procedimiento que cometió en contra del Defensor Ambientalista, reparación tal implicaría la liberación; lejos de ello confirmó el auto de formal prisión dictado el pasado 15 de abril por los delitos de Motín, Despojo, Ataque a la Obra Hidráulica y Extorsión sin mover un ápice su acuerdo violatorio de derechos humanos y garantías.
Con lo anterior, se mantiene la prisión preventiva del Ambientalista y así mismo se prolonga la crisis política y social del estado poblano iniciada en el primer cuatrimestre del año con las detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos, y profundizada con la ejecución extrajudicial del joven de Chalchiuapan aunada a una serie de innumerables y sistemáticas violaciones graves de derechos fundamentales.
Por nuestra parte ya preparamos denuncia ante la Jueza Federal por la repetición del acto reclamado así como la queja respectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito nacional y lo correspondiente ante organismos internacionales, ejercicios jurídicos que respaldarán las legítimas y necesarias denuncias públicas, movilizaciones, actos de protesta, etc. que pueda determinar el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, como el interlocutor válido y genuino que es en la oposición al Proyecto Integral Morelos.
No obstante lo anterior, manifestamos nuestra convicción de mantener y profundizar la defensa de Juan Carlos Flores Solís, no sólo porque estemos convencidos de su absoluta inocencia, sino porque creemos que la libertad, integridad y protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es un ingrediente elemental en la construcción de sociedades democráticas, de lo contrario seguiremos sumergidos en la ignominia institucional de funcionarios omisos a su obligación constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar Derechos Humanos.
