HIPÓLITO CONTRERAS.–
Los delegados federales realizaron una reunión con el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, el objetivo fue dar a conocer los acuerdos aprobados el 25 de febrero por el Conejo General relacionados con la propaganda electoral de aplicación imparcial de los recursos públicos y las medidas que se deberán de implementar por los titulares de la administración pública federal, para garantizar que los recursos, programas y los servicios no sean utilizados en apoyo de candidatos o de partidos.
Noé Rodríguez Roldán, Delegado de Gobernación, informó que quienes forman parte de la administración pública federal fueron informados sobre el marco jurídico y las limitaciones en la veda electoral para generar la certeza para que sean los ciudadanos quienes de manera libre decidan a sus representantes ante la Cámara de Diputados.
Explicó que los funcionarios que incurran en delitos electorales, independientemente de las sanciones correspondientes, en el caso de que se demuestre violación a la ley habrá desde amonestaciones hasta destituciones.
Indicó que hasta ahora no hay denuncias, sólo las que aparecen en los medios de comunicación, se tienen que exhibir las pruebas correspondientes, “ lo que está dentro de nuestras funciones será exhortar y hacer del conocimiento e los servidores públicos se ajusten la legislación electoral y acuerdos, sabedores de que en caso de que se incurra en una acción y omisión sancionada por la ley habrá desde la amonestación hasta la destitución”.
Precisó que los programas del gobierno federal no se van a suspender, la veda electoral, indicó, nos limita a que durante el tiempo de las campañas políticas, del 5 de abril al 7 de junio, no podrá haber difusión de programas, existen excepciones determinadas en la ley en materia de educación, salud, medio ambiente y protección civil y algunos casos de emergencia, en donde se pueden llevar campañas publicitarias de los programas.
Precisó que no se va a frenar el trabajo del gobierno de la república, las dependencias trabajarán de manera normal en el desempeño y operación de los programas sociales, será una limitación la difusión en lo general salvo las excepciones que determina la ley.
