Washington.- Las sanciones más recientes de Estados Unidos contra Venezuela están en consonancia con los objetivos hegemónicos e injerencistas que preconizan hoy la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) y otros documentos programáticos de su gobierno.
La ESN, firmada en febrero pasado por el presidente Barack Obama, ratifica el uso de la fuerza como instrumento de primer orden en las pretensiones globales norteamericanas, sin embargo, reconoce que esa no es la única herramienta a su disposición.
El texto otorga también relevancia a otras medidas punitivas, en particular el uso de las sanciones unilaterales contra países que mantienen políticas que no concuerdan con los intereses de Washington.
Acciones de este tipo están previstas también en otros documentos rectores de las agencias federales, en particular del Pentágono, por ejemplo la Circular de Entrenamiento TC-18-01 del Ejército estadounidense, titulada «La Guerra no Convencional».
El manual establece que «los esfuerzos de Estados Unidos (…) están dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos norteamericanos».
Con ese espíritu intervencionista, Obama emitió el 9 de marzo una declaración oficial en la cual califica a Venezuela de una amenaza a la seguridad nacional y ratifica sanciones a funcionarios locales, a quienes acusa de violar los derechos humanos.
El documento declaró una emergencia nacional por la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» de la situación en la nación sudamericana para la seguridad de Estados Unidos.
Aunque en diciembre de 2014 el Congreso estadounidense aprobó medidas similares, ante las presiones de los sectores más reaccionarios que pretenden desestabilizar a Venezuela y derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ahora entraron en vigor en forma de acciones ejecutivas.
Desde hace varios meses, Maduro denunció los preparativos para el golpe final, iniciadas en 2013 con las manifestaciones violentas de grupos opositores en las calles, que provocaron 43 muertos y más de 800 heridos.
Las medidas contra el Gobierno de Caracas no son una acción aislada; se enmarcan en una estrategia de Washington dirigida a sabotear por diversas vías el avance de gobiernos revolucionarios y progresistas, en particular en Cuba, Ecuador, Bolivia y otras naciones del área.
El 17 de diciembre pasado, los presidentes de Cuba y Estados Unidos, anunciaron la decisión de restablecer relaciones diplomáticas y avanzar hacia la normalización de los vínculos, hecho sin precedentes en más de medio siglo, calificado por ambas partes como un paso positivo y constructivo.
Al explicar los objetivos de esta nueva política, el mandatario norteamericano reconoció que las sanciones unilaterales contra la isla caribeña durante más de 50 años no resultaron, ante lo cual se impone un cambio de estrategia.
Sin embargo, tanto Obama como la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dejaron claro que los objetivos de Washington hacia la mayor de las Antillas eran los mismos: lograr cambios en el sistema socioeconómico cubano.
