Compartimos la definición de Preso Político de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD): Un preso político, ha sido encarcelado a causa de la manifestación de sus ideas políticas. El preso político pertenece a algún movimiento social (estudiantil, sindical, campesino, por ejemplo) y ha cometido, en el transcurso de sus actividades, acciones ilícitas (como pueden ser daños en propiedad ajena en el transcurso de una protesta), o recurrido a la violencia en cualquiera de sus formas. En este caso, el encarcelamiento se debe, formalmente, a las acciones ilícitas, aun cuando los castigos que se les imponen son, con frecuencia, desmesurados con relación a la falta cometida y llevan la impronta de una acción gubernamental destinada a combatir la disidencia.
Hoy viernes 17 de abril del año 2015 me solidarizo con las esposas, hijos, hijas y familiares de las personas consideradas presas y presos políticos del país, y principalmente de Puebla. Ante las injusticias que se siguen cometiendo, ante las violaciones a nuestros derechos humanos, como lo son la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, me solidarizo y exijo libertad inmediata para los presidentes de las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuapan, San Miguel Canoa y la Resurrección, injustamente encarcelados por defender su derecho de identidad, tradiciones, usos y costumbres, derechos de pueblos y comunidades indígenas; presos políticos que tienen que ser puestos en libertad ya, por esto me uno al grito de todos y de todas “Libertad ya a todos los presos políticos”.
No hay que limitarnos solo a opositores de las medidas tomadas desde el congreso del estado para quitarles facultades administrativas, y en el marco de usos y costumbres consagrados en la constitución federal, a juntas auxiliares; sino también se extiende a aquellos que por la defensa de su derecho al trabajo, manifestarse en contra de obras que causarían daño al medio ambiente y a comunidades enteras, oponerse a la destrucción del patrimonio histórico o por protestar por un mal servicio público. Mototaxistas, transportistas, activistas, campesinos, abogados y ciudadanos continuarán en prisión por acusaciones penales injustas y arbitrarias por parte del gobierno.
En uno de los episodios más negros de la historia de Puebla, en tan solo cuatro años del sexenio ha habido más personas que fueron encarceladas o sometidas a un proceso judicial por el solo hecho de oponerse o disentir a las políticas o proyectos del gobernador. 133 personas de 2011 a la fecha se han convertido en presos políticos, ya sea por haber estado en prisión, o estar acusados de delitos fabricados.
De ellos, dos han fallecido enfrentando un encierro injusto o cargos inventados: como el luchador social Delfino Flores Melga, quien a sus 90 años fue encerrado en el Centro de Reinserción Social de Puebla, aún por encima del exhorto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera y pidiendo que por humanidad, el dirigente siguiera su proceso penal en casa, que no fue concedido por el mandatario.
Derivado de la represión en Chalchihuapan (que dejó el saldo de un niño fallecido, José Luis Tlehuatle Tamayo), Antonio Victor Montes Xelhua, uno de los cuatro campesinos inculpado por el gobierno del estado de incurrir en ocho delitos, falleció por secuelas de la represión de la Policia Estatal, contra los pobladores de Ocoyucan el 9 de julio del año pasado. Nunca pudieron probarse los cargos, siendo inventados, pero Antonio Víctor tuvo una recaída en su salud que ocasionó un cuadro de hipertensión y depresión severa, a raíz de su encarcelamiento.
Como lo señaló el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, se ha actuado en complicidad con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Congreso local se ha incurrido en diversos delitos en contra de la sociedad civil:
-la omisión deliberada, por negligencia o complacencia de una institución que debería ser garante de los derechos humanos y en ningún caso ha actuado para defender a presos políticos y perseguidos;
-se han prestado para obsequiar órdenes de aprehensión por la presunción de delitos infundados e iniciado juicios injustos sin asumir su papel de contrapeso al Ejecutivo estatal;
-aprobando marcos jurídicos que criminalizan la protesta, ha llevado a cientos de personas a la cárcel, en deterioro de su integridad emocional, afectación a patrimonio y angustia para ellos y sus seres queridos;
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla ha señalado que existen más presos políticos que durante la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz al movimiento estudiantil de 1968. Pareciera que los dos poblanos, uno del pasado y el actual mandatario estatal, tienen un gobierno represor de corte facista con prácticas autoritarias, silenciado y encerrando a quienes lo critican o se le oponen.
Juana Macuitl Coyotl (empleada doméstica) y su hija Angélica Macuitl fueron detenidas en junio del año pasado en San Antonio Cacalotepec por el solo hecho de haber exigido que la RUTA les permitiera pagar con monedas y no con tarjeta, como está establecido. Les inventaron el delito de portación de armas y establecieron una fianza de 480 mil pesos, cuando a ladrones y traficantes de drogas les imponen pagos de los 40 a 70 mil pesos. Este es el grado de cinismo y actos ignominiosos por el gobierno del estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalan tres casos como los más graves en términos de violación a los derechos humanos: la represión que han sufrido habitantes de San Bernardo Chalchihuapan, la matanza de civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro burgos, de Ayotzinapa.
