Violaciones a los derechos humanos como la tortura, migración, discriminación en todas sus formas –especialmente hacia las mujeres—, derechos de los pueblos indígenas, trata de personas, agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos demandan acciones contundentes por parte de todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el fin de que se investiguen y sancionen cuando ocurran conductas violatorias de derechos humanos.
Así lo afirmó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que la desigualdad, la pobreza, las necesidades y diversos problemas que enfrentan amplios sectores de nuestra población son campo fértil para el desarrollo de actividades ilícitas que afectan la seguridad y tranquilidad en algunas zonas del país.
Al suscribir este día un Convenio General de Colaboración con el Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, González Pérez señaló que como institución, la CNDH se adapta a las nuevas visiones y lógicas que han imperado en materia de derechos humanos, cuya principal incidencia ha sido el reconocimiento gradual de un catálogo más amplio de derechos fundamentales.
El Presidente de la CNDH apuntó que el reto de la reforma constitucional de junio de 2011 está en su operatividad. Aseguró que no es suficiente proclamar los derechos normativamente, pues se requiere además garantizar su vigencia y eficacia. En la implementación de las reformas constitucionales y legales se debe asegurar que la sociedad civil participe en su observancia, vigilancia y seguimiento, enfatizó.
“Un aspecto central para lograr su efectividad –dijo— es impulsar su promoción, lo cual requiere la participación de todas las entidades públicas y de los diversos actores sociales para generar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos, toda vez que si conocemos y entendemos en qué consisten, podremos asumir los mismos como eje de nuestra vida diaria”.
La labor preventiva –dijo— también está en sus Recomendaciones, informes y documentos que tienen una influencia educativa para los funcionarios públicos y la sociedad en general. La autoridad a la que va dirigida una Recomendación debe ver en ella una acción de colaboración y no de reproche. Su propósito es lograr un mejor funcionamiento de la administración pública. Su aceptación y cumplimiento expresa la voluntad política de la autoridad con su compromiso con los derechos humanos.
El Convenio General de Colaboración suscrito hoy tiene por objeto establecer las bases para desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover el estudio, la enseñanza, la observancia, la defensa, el respeto y la divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala; elaborar y ejecutar programas de capacitación, campañas informativas y de enseñanza; así como el intercambio de información, en materia de derechos humanos.
En este acto estuvieron también Francisco Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, y Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH.
Como parte de su gira de trabajo por esta entidad, el Ombudsman nacional se reunió al mediodía con dirigentes de organizaciones no gubernamentales, con quienes intercambió puntos de vista respecto de la situación que guardan los derechos humanos especialmente en Tlaxcala y firmó con ellos convenios de colaboración, en materias de enseñanza y difusión de los mismos.
