Aunque se calcula que en el país hay alrededor de 3 millones de jornaleros agrícolas, muchos de ellos niños y mujeres, la realidad es que existe una deliberada marginación de este sector basada en la inexistencia de estadísticas oficiales, la insuficiencia de políticas públicas, el ocultamiento de las agro empresas y la indiferencia de la sociedad, manifestó la Confederación Nacional Campesina que preside el senador Manuel Cota Jiménez.
En las conclusiones del análisis del tema que se desarrolló en el recién 77 congreso Nacional Extraordinario de la CNC, coordinado por el Maestro Óscar Joffre Velázquez, director de la Escuela Nacional de Cuadros cenecistas, se destacó que hace falta un programa integral a mediano y largo plazo que empiece por reconocer la situación y en consecuencia diseñar políticas integrales de atención a este grupo de trabajadores.
Derivado de la crisis laboral de los jornaleros en marzo pasado en que se denunció la explotación que sufren en el Valle de San Quintín, Baja California y otros estados como Sonora, Sinaloa y Colima, los congresistas de la CNC acordaron luchar junto con los legisladores agraristas porque tengan acceso eficaz a los servicios de Seguridad Social; permitir el registro de su asociación sindical; pago de tiempo extra y vacaciones; respeto a su antigüedad laboral y un aumento salarial para que su percepción se acerque a los 200 pesos diarios.
Los congresistas de la CNC sostuvieron que en los jornaleros agrícolas el Derecho al Trabajo no se aplica y que más bien se registra la usencia de las autoridades laborales encargadas de que se observe la ley, dejando en total desprotección a dichos trabajadores.
“La situación se torna mucho más grave cuando los jornaleros pertenecen a grupos indígenas o si son mujeres y menores de edad, por lo que en este contexto, los patrones de los trabajadores del campo deben tener como obligación cubrir las cuotas para los seguros de riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, entre otros derechos, lo que sólo será posible mediante un aparato que sea económicamente viable a largo plazo, para que los patrones puedan cubrirlo y los derechos de los trabajadores sean respetados de forma constante y permanente.
