Mientras el Proyecto Integral Morelos sigue avanzando con uso de la fuerza pública y amenazas de represión en los estados de Morelos y Tlaxcala. En Puebla el acoso judicial continúa contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Avelino Velázquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.
Como parte de la implementación del Proyecto Integral Morelos, en Puebla comenzó desde el 2014 un proceso de judicialización de los opositores al proyecto, por medio de la apertura de expedientes penales absurdos, en donde los mismos trabajadores de las empresas interesadas en la construcción del Gasoducto Morelos, como Bonatti y CFE, declararon que los defensores los agredieron, robándoles o privándoles de su libertad.
En el caso de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, la CFE ocupó a los trabajadores Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santos, para inculpar penalmente a las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, como también al comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac Avelino Velázquez Tapia, a Eusebio Torres Aguilar y Adela Ramos Villalba originarios de San Lucas Tulcingo, así como a Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala. Acusándolos de los delitos de privación ilegal de la libertad, con los agravantes de contra funcionario público y pandillerismo. Siendo un total de 3 delitos y una pena mínima de 2 años 3 meses o máxima de 13.5 años de prisión. Bajo el expediente 19/2015 el Juez Quinto de Distrito con sede en Puebla, dicto el 6 de mayo de 2014, orden de aprehensión contra 5 autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo y los 5 miembros ya señalados que se siguen oponiendo al proyecto. Interponiendo el FPDTA en mayo y junio de ese año amparos que les otorgaron la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión en tanto no se resolviera el amparo.
Sin embargo, a raíz de esta orden de aprehensión, el 27 de noviembre de 2014 las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, acordaron junto con la CFE el paso del proyecto, bajo una negociación de presión en la que los trabajadores de la CFE otorgaron supuestamente el perdón a todos los perseguidos por la causa 19/2015, y las autoridades civiles y agrarias por su parte firmaron un acuerdo del paso del Gasoducto con la CFE por obras de electrificación en la comunidad, ambos documentos con la misma fecha de firma (Documentos Anexos). El escrito de perdón firmado y entregado a la PGR por la parte acusadora Carlos Aurelio Muñoz y Héctor Alejandro Torres, lo solicitan por: “así convenir a nuestros intereses, por continuar realizando trabajos de gestión y construcción del Gasoducto Morelos”. Es decir que los acusadores declaran que su interés en la demanda de privación ilegal de la libertad depende o está vinculada con el paso del Gasoducto Morelos. Ambos documentos (escrito de perdón y aceptación de la obra con misma fecha) son pruebas documentales públicas que muestran indicios que los trabajadores de la CFE y directivos de la misma pudieron haber utilizado esa demanda como un medio de presión para obtener el derecho de vía del Gasoducto, es decir que los testimonios fueron fabricados por la parte acusadora ex profeso para fines de presión y negociación.
Estos argumentos que demuestran la presión de la CFE para la aceptación del Gasoducto Morelos, fueron presentados por el FPDTA en los amparos 706/2014 y 837/2014 a cargo del Juez Primero de Distrito con sede en Tlaxcala, para la defensa de Adela Ramos Villalba y Juan Carlos Flores Solís. Sin embargo, en lugar de ser tomadas a su favor, el Juez de Distrito retiró las medidas suspensionales contra las órdenes de aprehensión de los compañeros y devuelve las atribuciones al poder judicial federal en Puebla para continuar con la persecución y aprehensión de los compañeros. Dos días después, el mismo Juez de Tlaxcala ocupa un incidente de acumulación de expedientes para paralizar el juicio de amparo y retrasar la audiencia constitucional. Por lo que actualmente han sido reactivadas las ordenes de aprehensión de Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.
Estos actos han comenzado a ser documentos y enviados por el FPDTA-MPT a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para su estudio y aceptación del caso. La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, gira en torno a los riesgos del funcionamiento del Gasoducto en la comunidad de San Lucas Tulcingo y la persecución de los defensores de la tierra y el agua que no les permite defenderse física y legalmente ante los inminentes abusos de autoridad del gobierno, abusos sustentados en pruebas documentales públicas que demuestran un patrón de conducta ilícita de persecución en contra de Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Avelino Velazquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.
Adherido a estos hechos la comunidad de San Lucas Tulcingo solicitó al Congreso de la Unión interviniera para analizar la situación legal de los 5 perseguidos y demandar el derecho a consulta de este pueblo indígena náhuatl del volcán Popocatépetl. Como resultado el Pleno del Congreso de la Unión, aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación Federal para establecer una mesa de diálogo con los afectados. Este exhorto es respaldado por los Coordinadores Parlamentarios de los 8 partidos políticos representados en el Congreso Federal, constituyentes de su Comisión Política.
La comunidad de San Lucas Tulcingo está en espera del Acuerdo que tomé la Secretaría de Gobernación Federal en próximos días y el FPDTA demanda que sean garantizados el derecho a la información, a la defensa jurídica y contra los abusos de poder de los representantes del gobierno que los criminalizan y judicializan por defender los derechos humanos.
