El Senado aprobó hoy la ley reglamentaria que norma la facultad del presidente de la República de decretar estados de excepción o emergencia.
La normativa es aplicable cuando se suspenden derechos, para casos de invasión por parte de ejércitos extranjeros, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Esa reforma al artículo 29 constitucional tardó tres años en ser dictaminada y se aprobó con 88 votos a favor y siete en contra de senadores del Partido del Trabajo y y el Partido de la Revolución Democrática, quienes sostuvieron que se violentan derechos humanos.
Sin embargo, las presidentas de las comisiones de Gobernación, Cristina Díaz y de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, argumentaron que se incluyeron cambios de última hora, acordados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil.
Las senadoras aseguraron que esos cambios ampliaron el catálogo de derechos que no podrán restringirse en estados de excepción.
Se trata de la prohibición de detenciones arbitrarias, de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual, del desplazamiento o expulsión forzados y el derecho de las personas encarceladas a ser tratadas humanamente.
Asimismo, en caso de estado de excepción o emergencia, no se podrán suspender las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción, ni suspensión, conforme al debido proceso.
«En todo momento el Congreso conocerá sobre la solicitud del presidente de la República y tomará razonadamente las determinaciones a que haya lugar. Sólo si está de acuerdo, procederá a declarar la suspensión o restricción de garantías», recalcó la legisladora Díaz.
