Nos referimos al boletín 6192 emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con relación a la detención y encarcelamiento de Xihuel Sarabia.
La arbitrariedad de la Procuraduría inicia con el título de su comunicado: “Detención de Xihuel Sarabia Reyna corresponde a sus vínculos con el tráfico de drogas.” Emite, en esta afirmación, una condena. Parecen no enterarse aún, que ninguna persona es culpable de delito sino hasta después de que, previo juicio en el que se observen todas las formalidades que la ley establece, un juez dicte sentencia declarándola tal. El uso de expresiones genéricas y vacías –“el cumplimiento de la orden de aprehensión…se llevó a cabo con estricto apego a derecho”- pretende ocultar la violencia extrema utilizada para la detención, como evidencian los videos difundidos en redes sociales. Mentir, negando lo evidente, forma parte esencial del quehacer actual de la PGJ.
No debe olvidarse que la embestida gubernamental contra la 28 de Octubre comenzó con la divulgación de rumores o declaraciones abiertas de presunta participación en actividades criminales de distribución de drogas. Que la Procuraduría, usando de parapeto al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), encaminó tal propaganda en medios para gestar animadversión hacia Simitrio, sus hijos y el Mercado Hidalgo.
Para que los poblanos calibren el valor del comunicado recordamos que se trata del proceso que se sigue contra Simitrio y sus hijos, Rubén y ahora Xihuel, en el Juzgado Penal de Cholula. Que la averiguación previa fue abierta en el COE; que en la “denuncia” se asienta: “…Que en este momento se recibe llamada telefónica en estas oficinas por parte de una persona con voz del sexo masculino, quien manifestó que desea denunciar un lugar donde venden droga (…) e inmediatamente posterior a esto manifestado se corta la llamada. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar…”. Al ser una supuesta llamada anónima, entonces se habilitó como denunciantes a los señores José Alejandro Flores Marques y Rigoberto Suárez Rojas, Jefe de Grupo y Policía Ministerial, respectivamente.
Estos datos, que forman parte del expediente penal, los oculta la Procuraduría y, sin pudor alguno, sale a decir ante la opinión pública que la detención de Xihuel Sarabia se hizo “con estricto apego a derecho”. Puesto que socialmente eso se conoce mejor como fabricación de delitos, reiteramos que la institucionalidad y la “aplicación de la ley” han sido convertidas en la forma predilecta para encarcelar a personas u organismos inconformes con la actual gestión de gobierno.
