La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó los resultados del estudio Impacto fiscal por el uso y comercialización de software ilegal, que entre los resultados obtenidos destaca que la evasión fiscal asociada a esta práctica se estima en más de 2 mil millones de pesos entre 2009 y 2014 y que 15 por ciento de los paquetes de software instalados en las empresas no tienen licencia.
En este sentido, Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP, detalló que entre las conclusiones de la investigación se encuentra que 32 por ciento de las empresas utilizan software ilegal; y el valor del mercado ilegal de software se estimó en alrededor de 4 mil 577 millones de pesos en 2014.
Asimismo, informó que entre los principales resultados de la investigación se detectó que del total de las empresas que instalaron por lo menos un paquete de software de forma ilegal, poco más del 40 por ciento del software que tienen es ilegal.
El estudio se desarrolló a petición del SAT, en el ámbito de sus atribuciones, con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal por el uso de software sin licencia.
Por su parte, Adrián Guarneros Tapia, Administrador General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó que este tipo de estudios sirven para entender diversos fenómenos de evasión de impuestos, con el propósito de tomar acciones y medidas para combatirlos.
Reiteró el compromiso del SAT para continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación con otras instituciones, tanto del sector público, como privado e instituciones académicas, para seguir avanzando en el combate a las conductas ilegales.
Entre las recomendaciones que señala el estudio se encuentra el exigir a las empresas que prestan servicios al sector público o están relacionadas con él, cuenten con licencias de sus programas; además, los prestadores del servicio de diseño y edición de software, deberán utilizar plataformas de software legal para trasladar a sus clientes las garantías y actualizaciones del mismo.
Además, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sea la autoridad que desarrolle mecanismos para la selección de empresas que sean sujetas a revisión, además de seguir siendo la única autoridad con las facultades para realizar inspecciones en las empresas para así promover el uso de software legal.
Asistieron a la presentación Cristian Aviña Palma, Subdirector Divisional de Marcas Notorias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Kiyoshi Tsuru, Director General de Bussines Software Alliance México (BSA); Arturo José Ancona García López, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial de la Procuraduría General de la República, entre otros.
