Ante las reformas constitucionales de 2008 que se han realizado en materia de Justicia Penal, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla Adolfo López Badillo, ha implementado una labor importante en acciones de capacitación en tema de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, trabajo que se ha llevado al sector público, privado y educativo, con la finalidad de garantizar su adecuada ejecución.
Por lo anterior, es importante saber que este nuevo modelo de procuración de justicia, implica el conocimiento de nuevas habilidades en la actuación de las partes, sus principales características son: utiliza mecanismos alternativos para resolver los conflictos, implementa juicios públicos y orales, amplía los Derechos Humanos de la víctima y asegura su atención integral, restringe la prisión preventiva, reconoce la presunción de inocencia, delimita los alcances del arraigo y garantiza el debido proceso e imparcialidad de los jueces.
En este sentido, este nuevo sistema además se desarrolla de manera contradictoria, en audiencia, ante la presencia del Juez y de forma continua, por lo que uno de sus principales propósitos de esta reforma es garantizar que los problemas se resuelvan apegados a derecho del modo más rápido posible, por lo que permite una pronta reparación del daño o la indemnización a las víctimas, ya que intenta que los problemas se desahoguen por medio del diálogo y la conciliación entre las partes antes de llegar a un juicio, tratándose de asuntos calificados como menores.
Cabe destacar, que uno de los derechos de las víctimas dentro de este modelo, es solicitar la revisión de las acciones y omisiones del Ministerio Público por un juez mediante un procedimiento que vigile que la investigación se desarrolle con puntualidad, certidumbre y eficacia.
Además, puede solicitar al juez que dicte medidas preventivas que ayuden a su protección, así como a la restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar al final del juicio, por lo que la ley señalará los casos en que las víctimas podrán presentar su denuncia de manera directa.
Por último, la reforma eleva a rango constitucional la prevención del delito, por lo que los gobernantes tendrán la obligación de generar políticas públicas que permitan la disminución de los delitos, por otra parte la participación de la sociedad será fundamental, tanto en la denuncia del hecho delictivo, como en la implementación de estrategias comunitarias para prevenir las conductas ilícitas.
