HIPÓLITO CONTRERAS/
El Movimiento por la Alternativa Social pide se revierta la privatización del agua en Puebla por violar el derecho humano al agua, afirmó Marco Antonio Mazatle Rojas, dirigente del MAS.
Además, indicó, demandamos se revoque la concesión y se saque a la empresa Concesiones Integrales del estado, ya que sólo ha traído daño al patrimonio de los poblanos.
Indicó que durante los últimos tres años, luego de entrar en vigor la privatización del agua en Puebla y algunos municipios, la empresa no resolvió el añejo problema de la falta de ampliación de la red hidráulica y su modernización.
Con la empresa, señaló, se incrementaron las tarifas por el servicio del agua hasta en un 400 por ciento, pero además el alza en el transporte público y otros servicios básicos.
No debemos olvidar que la imposición de estas medidas se logró con el aval del Congreso del estado, de los diputados que según denunció la legisladora Socorro Quezada, reciben 100 mil pesos por cada ley aprobada.
En esta embestida a los poblanos, afirmó, no todos los municipios se han doblegado, como sucede con el gobierno de San Pedro Cholula, que encabeza el militante de Morena, José Juan Espinosa Torres.
En algunos casos, afirmó, se ha violentado la autonomía de los municipios y ha intentado quitarles la recaudación de impuestos, mientras que en algunas localidades logró despojarlos de la administración del servicio del agua.
Expuso que en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, la más grande en territorio y población del municipio de San Pedro Cholula, el gobierno infiltró a militantes del Partido Acción Nacional (PAN) para impedir que el servicio estuviera en manos del Ayuntamiento.
Esta situación, comentó, es preocupante porque entonces cualquier municipio está expuesto a que el gobierno estatal violente su autonomía y sus derechos.
El MAS reclama a Moreno Valle que el gobierno resuelva los conflictos: la privatización del agua, el asesinato del niño José Luis Tehuatlie y las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo de Chalchihuapan; los presos políticos, la represión contra el comercio popular, los académicos críticos y los pueblos indígenas, donde permitió la instalación de “Proyectos de Muerte”.
Sin olvidar, señaló, la persecución contra la familia de Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y su familia, dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, el caso de los siete universitarios que se intentó encarcelar por supuestos actos “terroristas”, y la represión a los pueblos originarios por la imposición del Parque de las Siete Culturas en la pirámide de Cholula.
