La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) ha firmado 14 convenios de colaboración con distintas instituciones y otros 39 se encuentran en distintas fases de avance, con la finalidad de formalizar el trabajo interinstitucional y asegurar su continuidad.
Producto de un acuerdo con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se persigue el objetivo de firmar un convenio con cada una de las 32 procuradurías o fiscalías de las entidades federativas y el Distrito Federal, así como con la Procuraduría General de la República.
Hasta ahora se han firmado convenios con las Procuradurías Generales de Justicia de siete entidades federativas: Morelos, México, Campeche, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala y San Luis Potosí. Siete más se encuentran en vías de concretar la firma, once en proceso de análisis y revisión, y otros siete están en la fase inicial de vinculación.
Además de las Procuradurías, se ha propuesto la celebración de 28 convenios de colaboración a diversos organismos e instituciones de carácter público, social y privado.
Al día de hoy se han firmado convenios con la Secretaría de Marina (SEMAR), el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, el Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), la Secretaría de la Mujer de Michoacán (SEMUJER), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Otros seis están próximos a ser firmados y quince más se encuentran en proceso de análisis y revisión.
Aunque cada convenio contiene particularidades, entre sus objetivos generales destaca el de llevar a cabo actividades conjuntas o coordinadas para la defensa de los derechos de víctimas y ofendidos de delitos, así como para apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.
En los convenios se establece el compromiso de destinar recursos materiales, presupuestarios, tecnológicos y humanos con el propósito de brindar asistencia a las víctimas u ofendidos de delitos para el ejercicio de sus derechos y acceso a la justicia, para ofrecerles atención en situación de crisis, informarles sobre los métodos y formas de denuncia, así como orientarles en su proceso de reincorporación al núcleo familiar y social.
Adicionalmente, se contemplan programas de capacitación, formación y sensibilización dirigidos a servidores públicos vinculados con la procuración de justicia y la atención a víctimas.
Otro de los puntos medulares en los convenios es el compromiso de compartir información para la conformación de bases de datos respecto a víctimas u ofendidos de delitos para la generación de estrategias y políticas públicas conjuntas.
Con cada instancia que se firma un convenio se procede a integrar un grupo de trabajo mixto que alimente y fortalezca las acciones de cooperación; bajo sus mecanismos de trabajo, se discuten los temas comunes en busca de las mejores soluciones para las víctimas u ofendidos de delitos.
