Hipólito Contreras/
El Observatorio Ciudadano Laboral de Puebla pide que para que no se haga más fuerte esta crisis de gobernabilidad y legalidad no siga la confrontación de las fuerzas federales con las comunidades campesinas de la zona del triángulo rojo, y respeto a los derechos humanos en la región, afirmó Irene Herrera Delgado, integrante de la organización.
Pidió investigación y castigo a funcionarios que actuaron y actúan en complicidad con el crimen organizado, que permitieron que este problema creciera con omisión y comisión.
Que se combata al crimen organizado con políticas de seguridad interior inteligentes y que no se repita la tragedia del calderonismo que tuvo más de cien mil muertos, se de una verdadera coordinación entre las instancias de gobierno federales, estatales y municipales sin la violación de los derechos humanos de las comunidades.
Se pronunció por una cultura de legalidad empezando con los funcionarios públicos que han demostrado ineficacia y corrupción y que se involucren todos los sectores de la sociedad civil.
El gobierno y distintas esferas, dijo, debe de entender que el problema de involucramiento de las comunidades en la zona del huachicol tiene un origen socio económico por lo que se deben de impulsar programas de desarrollo social y de empleo a las comunidades y den un giro a la vida cotidiana, invertir en el campo con un presupuesto permanente y de largo plazo, organizando productores, haciendo comunidad e impulsado el desarrollo social a las comunidades.
Este, dijo, es el posicionamiento del Observatorio Ciudadano Laboral con respecto a lo que se ha manifestado en las comunidades, estamos con ellas, los ciudadanos no son los delincuentes, los campesinos no lo son, y lejos de quitar programas sociales, hace falta invertir en el campo, por eso ha crecido este problema.
