Cuando un sistema está bien construido, hay una buena rendición de cuentas y el mayor beneficiado es el ciudadano, quien tiene derecho a conocer en qué gastan el dinero público las dependencias oficiales y organismos privados que reciben financiamiento gubernamental.
Así lo señaló Gabriela Aguirre Fernández, investigadora de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, A. C., durante su participación en el Ciclo de conferencias y Cátedra universitaria «Transparencia y Rendición de Cuentas», que lleva a cabo la Facultad de Administración, la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la BUAP, y el Ayuntamiento de Puebla.
La Transparencia es una política pública que se preguntó: ¿es un antídoto contra la corrupción o permite el mejoramiento del desempeño? A lo que respondió que todo depende del objetivo que se proponga, aunque en el mejor de los casos, corresponde a los dos.
Y debe hacerlo, no como una consecuencia sino como todo un proceso que permite una visión más amplia de cómo cumplir con lo que es un derecho ciudadano: saber en qué se gastan los recursos públicos, comentó la especialista de Fundar A. C.
Ante estudiantes y funcionarios reunidos en el auditorio de la Facultad de Administración, aclaró que no debe confundirse transparencia con derecho a la información, porque el hecho de que se publiquen muchos datos no siempre significa que se cumple. Lo que se dé a conocer debe ser veraz, accesible y permitir evaluar el quehacer gubernamental.
El Derecho de Acceso a la Información tiene sus antecedentes en 1977 con la modificación que se hizo al artículo sexto Constitucional, donde se dejó la decisión de interpretarla a la Suprema Corte de Justicia. Fue hasta el 2002 cuando se crea la Ley y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que se le da una mayor importancia.
Posteriormente, recordó Aguirre Fernández, se le hicieron nuevas adecuaciones a la Carta Magna buscando la heterogeneidad en la aplicación y evitar las diferentes interpretaciones que surgieron con las leyes estatales en materia de transparencia y acceso a la información.
En su conferencia Transparencia, Derecho a la Información y Rendición de Cuentas, la especialista consideró que aunque se ha avanzado en esta materia, hacen falta modificaciones en lo que se refiere a las sanciones, así como en la integración de nuevas figuras que manejan recursos públicos como son organizaciones no gubernamentales, fideicomisos y sindicatos oficiales.
Reconoció que hay ejemplos de buenas prácticas de transparencia, pero también una falta interés por parte de ciudadanos de ejercer este derecho constitucional, lo que significa que se requiere de una mayor difusión y capacitación en esta área.
