Con base en los elementos de prueba recabados por la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público metropolitana sur, la Procuraduría General de Justicia consignó a la autoridad judicial a Pascuala Pérez Acero y Eduardo Ramos Báez quienes enfrentan cargos por motín, daño en propiedad ajena y delitos cometidos contra funcionarios públicos a raíz de los disturbios ocurridos el pasado sábado en la junta auxiliar La Resurrección.
Ambos quedaron a disposición del Juez Sexto de Defensa Social bajo la averiguación previa 2858/2012/7ª, dentro de la cual el Ministerio Público reunió diversas pruebas que documentan la participación de Eduardo Ramos Báez y su esposa Pascuala Pérez en la retención de cuatro policías municipales que realizaban su trabajo, en respuesta al llamado de auxilio de un ciudadano, y la quema de dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla.
La pareja se encuentra a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, autoridad que se encargará de resolver su situación jurídica.
La Procuraduría General de Justicia, por conducto del Ministerio Público y Policía Ministerial, continúa con las investigaciones en torno a otras personas implicadas en los hechos delictivos, mientras tanto se refrenda el compromiso de actuar con todo el rigor contra quienes transgredan la ley.
