El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, concretó a poco más de 48 horas de tomar posesión, un mecanismo legal y jurídico para establecer la verdad sobre la masacre de 43 estudiantes en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Cumpliendo su compromiso con los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, el mandatario creó por decreto una comisión integrada por familiares de los afectados o quien ellos designen, sus abogados personales, un representante de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda Pública, y por los expertos profesionales y técnicos que se requieran.
El nuevo jefe del Poder Ejecutivo cursó instrucciones a diversos organismos de la Administración Pública Federal para que integren la comisión a fin de contribuir al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad, según indica el decreto.
De igual manera insta a los involucrados a trabajar con urgencia en el esclarecimiento de los lamentables hechos para encontrar y procesar a todos los responsables y reparar las violaciones a los derechos humanos, y cuestiona la investigación inicialmente realizada por la Procuraduría General de la República, pues -expresa- es inaceptable no saber lo que realmente pasó, lo cual afecta a todo el mundo.
Instruyó a la comisión que se crea proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores de todos los recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, y a los organismos de la Administración Pública Federal implementar los mecanismos necesarios a esos efectos. La comisión se organizará y funcionará como lo acuerden quienes la conforman, y será presidida por la Secretaría de Gobernación, a través del Subsecretario de Derechos Humanos, se explica en el texto.
En uno de sus artículos, el decreto precisa a la Secretaría de Relaciones Exteriores que celebre convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en el esclarecimiento del caso.
La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y la muerte de seis personas aparentemente relacionadas con el hecho, incluyendo a tres normalistas, tiene conmocionada aún a la sociedad mexicana, a la opinión pública en general, nacional e internacional, y es considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente de México.
