La Senadora Lucero Saldaña propuso al Senado de la República reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al COFIPE para acabar con la violencia política de género.
Explicó que este tipo de violencia tiene múltiples expresiones para precandidatas y candidatas; legisladoras y autoridades municipales electas, tanto en el ámbito personal, en el trato discriminatorio en los medios de comunicación, hasta poner en tela de juicio la vida personal, conducta sexual y apariencia física, presentándose como difamación, burlas, calumnias, desprestigio, intimidación, amenazas, simulación de elecciones para eludir la cuota y/o ocultamiento de información.
La Senadora Saldaña Pérez destacó que el término de Violencia Política no se ha utilizado y por lo tanto, ha sido invisibilizada hasta ahora, no se reconoce y mucho menos se realizan las acciones necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
«En México la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones ha ido en incremento en los últimos años, sin embargo ha sido muy lento en los órdenes de gobierno, particularmente a nivel local».
En 2011 el porcentaje promedio de mujeres que ocupaban un lugar en los congresos locales fue de 23.6% y de los 2440 municipios y 16 delegaciones que existen en el país, únicamente 156 están presididos por una mujer, representando esto el 6.8%.
A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, dado a que su presencia pareciera un desafío y transgresión que obliga a la redistribución del poder.
La violencia contra las mujeres en el ámbito político puede enmarcarse dentro de sus partidos, la violencia económica al desviar o limitar los recursos para sus campañas y capacitación, o bien, la violencia sexual mediante el hostigamiento y el acoso sexual.
Con esta propuesta de la Senadora por el estado de Puebla, que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales —para que a través de éste se sancione a los partidos políticos—, se establecen como modalidades de violencia política el imponer estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.
Asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político–pública; evitar, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a una función pública, asistan a las sesiones o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones.
Que se discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, ideología, afiliación política o filosófica, grado de instrucción, condición de discapacidad, apariencia física que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio en condiciones de igualdad.
