ÁNGEL Ibáñez Fonseca.
En Puebla los Contratos Colectivos de Trabajo, (CCT) siguen vigentes, a pesar de las intenciones del «Bufete Mario Bracamonte Abogados», de cancelarlos y establecer un régimen de contratación individual en 47 empresas dedicadas principalmente a la industria de alimentos; señaló Leobardo Soto Martínez, Dirigente de la Federación de Trabajadores de Puebla, adherida a la Confederación de Trabajadores de México. (FTP-CTM)
Soto Martínez, denunció que dicho bufete jurídico, cuyo titular fue aspirante a Senador por parte del Partido del Trabajo en las pasadas elecciones Federales; en una mala interpretación de la reforma laboral recién aprobada, pretendía cambiar el régimen de contratación y con ello perjudicar a más de cuatro mil trabajadores adheridos a esta central obrera.
Sin embargo, con las negociaciones que se hicieron en diciembre pasado con los dueños de estas empresas, entre ellas la envasadora de «Chiles la Morena», se lograron dos cosas, primero que prevalecieron y siguen vigentes los Contratos Colectivos de Trabajo, (CCT) por lo que estos trabajadores tienen asegurada su fuente de trabajo y la defensa de sus derechos; dijo.
Segundo, establecer acuerdos para que la revisión salarial sea arriba del 6 o el 7, por ciento y en algunos casos el aumento sea con una cifra de dos dígitos; aseguró.
Comentó, que con la buena disposición de empresarios poblanos, esta central obrera está logrando acuerdos que beneficiaran a las dos partes principales de la producción y se pudo evitar un conflicto legal que podría haber afectado a miles de trabajadores.
Pues, reiteró que dicho bufete, pretendía eliminar los CCT en estas industrias e implementar un régimen de contratación individual, lo cual no fue aceptado por los obreros.
Por lo que se pacto, respetar su decisión de seguir con un régimen de contratación colectiva; ya que la interpretación de la ley por parte del mencionado bufete jurídico es anticonstitucional, porque de aplicarse perjudicaría cientos de miles de trabajadores.
Agradeció que la buena disposición de los despachos jurídicos de otras empresas, con las que sindicatos adheridos a la FTP-CTM han negociado el respeto a sus derechos establecidos en sus CCT, ya que estos entendieron que no era correcta esa interpretación de la reforma laboral.
