Un juzgado otorgó la primera suspensión definitiva contra una serie de medidas impulsadas desde la Secretaría de Energía que modifican las reglas de juego dentro del sector eléctrico, y que han sido criticadas por el sector privado y asociaciones de renovables y ambientalistas.
El primer juzgado especializado en materia económica y telecomunicaciones otorgó una suspensión definitiva al grupo Derecho Colectivo en contra de un acuerdo publicado por el gestor de la red eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y de la política de confiabilidad para el sistema de la Secretaría de Energía (Sener).
Se trata de un nuevo revés para las modificaciones impulsadas en las últimas semanas por la dependencia que dirige Rocío Nahle.
“Hasta que tengamos sentencia definitiva, ni Sener ni CENACE pueden prohibir la interconexión de centrales renovables. Pueden seguir su operación normal”, explica Miriam Grustein, experta en temas energéticos, que interpuso el amparo junto con Derecho Colectivo.
El grupo interpuso el amparo en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por Sener el 15 de mayo, y el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado por el Cenace el 29 de abril.
“La apariencia del buen derecho, desde la perspectiva del derecho fundamental de libre concurrencia y competencia económica, parece servir también a la protección de un interés social, pues al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, explica el juez dentro de la resolución donde otorga la suspensión definitiva al grupo.
Este amparo se une a otros juicios de amparo interpuestos contra uno o ambos instrumentos tanto por firmas del sector como otras asociaciones; y donde han ganado suspensiones provisionales para frenar los efectos de estas medidas.
La ruta que empuja la Secretaría de Energía (Sener) para tener un mayor control sobre el mercado eléctrico no sólo preocupa sobre el destino de las nuevas centrales solares y eólicas, sino a todo el sector privado en su conjunto.
Los cambios van a impactar en los costos eléctricos, en la rentabilidad de los proyectos, la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y deja en el limbo la ampliación de las redes de transmisión del país, advierten expertos del sector.
