HIPOLITO CONTRERAS.-
El Consejo Estatal de Organizaciones Sociales denuncia que las empresas Agua de Puebla y la Comisión Federal de Electricidad recurren a cobranzas extrajudiciales ilegales, a través de amenazas, intimidación y extorsiones, usurpación de funciones, con documentos falsos, con lo que crea angustia, zozobra, nerviosismo, miedo, incertidumbre, temor, desintegración familiar, trastornos mentales, depresión, estrés, con lo que se ven obligados a despojarse de sus bienes patrimoniales y económicos.
Omar Jiménez Castro, asesor legal de la organización, afirmó que estas empresas no conformes con las cobranzas extrajudiciales, suben a las personas al buró de crédito, acto que lesiona al historial crediticio de las personas, daña la imagen social de los usuarios comerciales a industriales, que hoy necesitan apoyo económico para evitar el cierre de los negocios.
Explicó que el delito de cobranza judicial ilegal genera daño moral, psicológico, patrimonial y económico en torno a la crisis consecuencia de la pandemia COVID-19, por lo que no existe ninguna justificación para que las empresas recurran a actos delictivos como es la cobranza extrajudicial, extorsión, utilización ilegal de información personal, exigimos que respeten la ley y el estado de derecho a todas las personas, respeten la dignidad y los derechos humanos.
“Nos vamos a ceder a los chantajes de algunas empresas que amenazan con demandas a quienes hablan en defensa de los derechos ciudadanos, continuaremos alzando la voz, exigiendo justicia social”, expresó.
Hizo un llamado a los ciudadanos para que defiendan sus derechos si son intimidados por empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Concesiones Integrales, pueden acudir a la 25 oriente 407, altos 1 A, colonia Chula Vista de esta ciudad de Puebla, llamar al número 2224 375042 y 2225549619, también pueden acudir a la avenida 2 oriente 207, altos 9, o llamar a los números 2221866787 y 2227437711, ahí recibirán asesoría ante cobros extrajudiciales ilegales.
Informó que presentarán las demandas federales penales en contra de las empresas que recurren a este delito.
