México acabará el enorme abuso de la subcontratación con una iniciativa de ley firmada hoy en la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para enviarla al Parlamento.
El outsourcing, como le llaman aquí a la subcontratación, es repudiado y denunciado por los sindicatos porque actúa en desmedro de los trabajadores y del Estado y, en el caso de México, se apoderó de una parte muy importante del mercado laboral nacional.
Hay empresas subcontratistas en México que tienen hasta 250 mil trabajadores y sin embargo no tienen ninguna actividad productiva, señaló el mandatario.
Outsourcing es un término del inglés que se traduce al español como subcontratación, externalización o tercerización, y designa el proceso en el cual una organización contrata personal a otras empresas externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción.
Luisa María Alcalde Lujan, secretaria del Trabajo, explicó detalles de la iniciativa para acabar de forma radical con ese mecanismo rapaz y explicó algunos de sus vicios, fraudes fiscales y explotación de los trabajadores.
Sus aportaciones depositadas en el registro social están por debajo del salario real, lo cual significa una afectación tanto para trabajadores, quienes se jubilan por debajo de lo que les corresponde, a sus fondos de vivienda, indemnizaciones y otros derechos, y al Estado por una evasión grande de impuestos.
Los trabajadores nunca saben quién es el verdadero patrón ni a quien reclamarle, y jamás gozan de estabilidad en el empleo porque los contratan por temporadas para que no tengan derecho al reparto de utilidades del 10 por ciento, afectan la antigüedad para la jubilación y otros derechos, e impiden la organización sindical libre.
Según la secretaria, todos los diciembre dan de baja a cientos de miles de trabajadores con lo cual les cercenan todos sus derechos, no acumulan ninguno, y en enero o febrero los vuelven a contratar.
Alcalde Luján ilustró esa situación con el caso real de un hotel en Cancún, cuyo nombre no mencionó, el cual tiene 802 trabajadores pero solo dos son propios y los otros 800 de una empresa subcontratista que controla a 250 mil trabajadores a quienes obliga a firmar contratos laborales cada tres meses para eliminar sus derechos e impedir sean empleados fijos.
La propuesta de ley elimina todo eso, abarca varias leyes más, regula la subcontratación, y no admite que una empresa tenga trabajadores contratados por otra, salvo especialidades como técnicos de ascensores, pero en ningún caso el intermediario será el patrón.
