Al acudir ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la Información y de la Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, la titular de la Contraloría del Estado, Irma Patricia Leal Islas, destacó la implementación de esquemas de control interno y acciones preventivas en la fiscalización de recursos públicos, con el objetivo de combatir la corrupción y sancionar a los servidores públicos que violenten la ley.
La funcionaria pública explicó que para poder supervisar que la obra pública que se ejecuta por parte del Gobierno del Estado se realiza con calidad y de acuerdo a la normatividad establecida, esta dependencia realiza visitas de supervisión preventiva y verificación a través de laboratorios móviles, mismas que se aplican, por lo menos, dos por cada obra en proceso, además de vigilar que se cumpla con los plazos señalados.
Leal Islas comentó que cuando se detectan deficiencias, éstas se notificaron de manera inmediata a las empresas para que fueran atendidas, motivo por el cual se dio seguimiento a 247 obras concluidas para la detección de vicios ocultos, antes de que vencieran las fianzas respectivas.
Respecto de los laboratorios móviles, indicó que éstos se encuentran equipados con instrumentos que permiten corroborar en el sitio de las obras la calidad de las mismas y que permiten la realización de pruebas como espesores de concreto y asfalto, grado de compactación, granulometría plasticidad, además de que se corroboran que cumplen con la Norma Oficial Mexicana.
Por otra parte, la funcionaria estatal dio a conocer el resultado del Programa Anual de Auditoria de esta dependencia, que tiene como objetivo prevenir los posibles desvíos de recursos públicos y aplicar medidas preventivas o correctivas, y que se aplicaron con criterios como el monto de los recursos asignados, a las obras de mayor inversión, las quejas ciudadanas y el seguimiento a las auditorias anteriores. Por lo que se aplicaron 240 auditoras a 16 dependencias del gobierno estatal´, 27 entidades y 30 municipios, lo que implicó la revisión de recursos por 22 mil 54 millones de pesos.
Asimismo dio a conocer que gracias al programa Ciudadano Encubierto, la Contraloría sancionó a 10 servidores públicos involucrados en presuntos actos contrarios a la ley, mismos que fueron suspendidos de manera inmediata y actualmente enfrentan procesos tanto legales como administrativos y comentó que la principal irregularidad detectada fue la presunta solicitud injustificada de recursos económicos condicionada a la prestación de un servicio o trámite.
La funcionaria pública dio a conocer que durante el año 2012 atendieron 2 mil 533 quejas, de las cuales el 65 por ciento fueron atendidas de manera inmediata, además de participar en 35 jornadas de atención ciudadana, en las que atendieron a más de mil 800 ciudadanos.
Respecto a las sanciones a servidores públicos dio a conocer que 110 servidores públicos fueron sancionados, amonestados, multados o inhabilitados hasta por 12 años e impuso 826 multas por la presentación extemporánea de sus declaraciones patrimoniales. Mientras que a empresas contratistas del gobierno del estado iniciaron 8 procedimientos de determinación responsabilidades, de los que se derivaron dos sanciones y el resto se encuentran en litigio; a empresas proveedoras se radicaron 9 procedimientos de investigación y un procedimiento por incumplimiento de contrato y en 8 cosas se substancian los procedimientos e investigación.
Leal Islas señaló que se atendieron 86 recursos de revocación contra la sanción impuesta a servidores públicos, de los cuales se resolvieron 47, mientras que se atendieron 20 recursos de inconformidad, en materia de obra pública y 9 en materia de adquisiciones, 11 de los cuales ya esta resueltos.
Respecto de la expedición de Cartas de No Inhabilitado informó que se expidieron un total de 37 mil 154 documentos, tanto apersonas físicas como a personas jurídicas, además de que se captaron 9 mil 445 declaraciones de situación patrimonial.
Además dio a conocer que durante el año pasado lograron la puesta en marcha del Sistema Digital para la Inscripción, revalidación y ampliación del listado de Contratistas Calificados, laboratorios de Pruebas de Calidad y Padrón de Proveedores, con lo que se eliminó la discrecionalidad en la inscripción de éstos, permitió la eliminación de requisitos, disminuyó el tiempo de atención de solicitudes, dota de mayor seguridad y centraliza la información en formato digital; además de que se pone a disposición del solicitante la consulta del estado de cada trámite y se realiza el pago de los derechos mediante transferencia bancaria o en ventanilla de instituciones bancarias.
También explicó que los funcionarios adscritos a la dependencia a su cargo participaron en mil 604 actos de entrega-recepción, otorgaron asesoría para la revisión de 169 instrumentos legales, participaron en 319 Juntas de Gobierno y realizaron el análisis de 452 estados financieros de organismos públicos descentralizados, además de participar en mil procedimientos de adjudicaciones de bienes, servicios y obra pública.
Respecto del trabajo en la Contraloría Social dio a conocer que se capacitaron a 7 mil 193 ciudadanos.
En la sesión de preguntas y respuestas a nombre del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ernesto Leyva Córdova cuestionó a la funcionaria sobre las acciones que esta dependencia implementará para que durante el actual proceso electoral haya desvío de recursos; mientras que en representación del Partido Acción Nacional, los diputados Rafael Von Raesfeld Porras, Josefina Buxadé Castelán y Blas Jorge Garcilazo Alcántara cuestionaron por qué se les ha negado y suspendido a algunas empresas el registro en el Padrón de Proveedores, además de las acciones que realiza la dependencia para hacer la supervisión de obras.
El diputado Héctor Alonso Granados, a nombre del grupo legislativo del Partido Nueva Alianza, cuestionó respecto al número de quejas que se han recibido en contra de Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla y respecto de los procesos iniciados a exfuncionarios estatales de la anterior administración, además de que planteó la necesidad de hacer una inspección a las Agencias del Ministerio Público.
