Los integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en la LVIII Legislatura consideraron que la aprobación de recursos para el proyecto Museo Internacional Barroco requiere de un estudio técnico de factibilidad, de procesos específicos de planeación, transparencia, control y ejecución de dicha obra por su propia naturaleza y relevancia, así como un esquema financiero que brinde certeza a la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos que son públicos.
Al dar a conocer esta postura, el coordinador parlamentario del PRI, Edgar Salomón Escorza, manifestó que el voto de los legisladores fue en abstención debido a la falta de información consistente, por lo que actúan con responsabilidad.
«Históricamente, el PRI ha sido el promotor de la cultura en nuestro país. Los gobiernos emanados del tricolor fuero y siguen siendo los principales impulsores del desarrollo de instituciones culturales, como lo es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, museos de prestigio en toda la república Mexicana, numerosas bibliotecas, entre mucho otros», afirmó el legislador priísta.
En su oportunidad, el diputado Lauro Sánchez López consideró que todos los ciudadanos tienen derecho de acceder a la cultura, aunque para poder aprobar la iniciativa presentada se requiere de mayor información y elaborar a la brevedad el estudio de factibilidad, el proyecto ejecutivo e integrar el expediente técnico para que puedan otorgarse las autorizaciones correspondientes como estipula la Legislación Federal.
«Nos parece que es necesario fortalecer la iniciativa con los elementos que le darán certidumbre a la asociación público-privada, así como las condiciones de control a las finanzas públicas de los ejercicios fiscales, tanto la presente como futuras generaciones, que habrán de dar cumplimiento a esta relación contractual» indicó el legislador tricolor.
Ante esta situación propuso que se otorgue información a la ciudadanía respecto de la idea conceptual del Museo Internacional Barroco, a efecto de que cuente con el consenso social necesario y que, en tanto, el dictamen se regresara a la Comisión de Presupuesto, para que una vez que se tenga disponible la información contractual necesaria, y el consenso social pueda ser discutido, y en su caso, ser aprobado por el pleno de la legislatura.
