Como una medida inmediata del Gobierno del estado para garantizar la reparación del daño a los afectados ante el presunto fraude cometido por Caja de Ahorros y Servicios Bampeco, S.C. de R.L., la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que la Fiscalía General Regional, por conducto de la Dirección de agencias del ministerio público de Tehuacán, aseguró diversos bienes de la citada empresa en la ciudad de Tehuacán, entre los que destacan una residencia, un edificio y una aeronave tipo avioneta.
El 3 de abril del año en curso, accionistas de Bampeco denunciaron ante la PGJ que al solicitar el pago de sus intereses, representantes de la misma les informaron que no había recursos para cubrir los montos, por lo que entonces pidieron la devolución de su inversión pero tampoco obtuvieron respuesta favorable.
Con motivo de las querellas, la Procuraduría de Justicia inició de inmediato las investigaciones con la prioridad de documentar las denuncias y actuar en consecuencia a fin de evitar que fueran ocultados, transferidos o enajenados los bienes adquiridos por los socios mayoritarios de la empresa, presuntamente con el dinero de los agraviados.
Resultado de ello, la PGJ obtuvo de la autoridad judicial las órdenes de cateo mediante las cuales el ministerio público, con apoyo operativo de la Policía Ministerial del estado, incautó propiedades de la empresa en Tehuacán, siendo estos una residencia; un edificio corporativo, un local comercial habilitado como sucursal y una avioneta tipo Cessna.
En los inmuebles se aseguró documentación diversa como contratos de apertura de inversión de diversos socios afectados, registros de movimientos financieros y equipo de cómputo de dicha empresa presuntamente defraudadora que captó recursos a través del ofrecimiento de intereses superiores a lo establecido por el Sistema Financiero mexicano.
Lo anterior permitirá a la Procuraduría de Justicia investigar a fondo los recursos con que los principales socios de la empresa adquirieron las propiedades, además de evitar que éstas pudieran ser objeto de ocultación o enajenación en detrimento de los afectados que denunciaron ante la institución por el presunto manejo ilícito de los recursos económicos que invirtieron.
Hasta el momento la PGJ, a través del ministerio público de Tehuacán, ha recibido veintiún querellas por el presunto desfalco; sin embargo la dependencia estatal está abierta a recibir las denuncias de más afectados para documentar las averiguaciones previas correspondientes, además de continuar con las indagatorias a fin de ubicar y detener a los presuntos responsables.
