Cirilo Montaño Gutiérrez.-
El artículo 115 Constitucional establece el espíritu del Constituyente de que los municipios de tener autonomía administrativa y política, así como contar con los recursos financieros necesarios para desempeñar las funciones que la ley le confiere y que no debe mediar ninguna autoridad entre el municipio y el Estado. En los hechos se hicieron necesarias varias reformas a dicho artículo para fortalecer la autonomía municipal, pero en cuanto a los recursos para impulsar el desarrollo del municipio sigue dependiendo del Estado y la Federación. Lo que impide cumplir cabalmente con el mandato constitucional.
La problemática financiera que enfrentan los municipios es histórico debido “a la forma que asumen el Estado Mexicano para organizarse, donde, en aras del pacto federal, los niveles de gobierno estatal y municipal se supeditan a él para llevar acabo sus funciones” (H. N. Pérez González, Alternativas de Financiamiento para el Desarrollo Municipal).
Uno de los logros del municipio contemplados en las últimas reformas (por ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal) es la tendencia a fortalecer su capacidad financiera, pero sin resolver por completo el problema y adicionado a que no tiene autonomía administrativa para ejercer los recursos que se le asignan, dado que el Estado y la Federación determinan los conceptos en que deben aplicarse. Sin duda el mayor problema es la inequitativa asignación que se les hace a los municipios, que no solo le impide cumplir satisfactoriamente la dotación de servicios básicos que está obligado a otorgar a sus gobernados, sino también ser promotor del desarrollo local. Del total de impuestos recabados en los estados y municipios “el Gobierno Federal concentra el 70% y el 30% restante lo distribuye a los estados y municipios como participaciones y aportaciones” (buzos 1092, 31/07/2023).
En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha agudizado la falta de recursos en los municipios, debido a tres decisiones que han debilitado su capacidad financiera:
1.- La cancelación del Ramo 23 en el ejercicio 2019 que era una alternativa que tenían los municipios para gestionar recursos para obras, que etiquetaba la Cámara de Diputados.
2.- Los recortes presupuestales aplicados a partir de 2019 por el Gobierno Federal a los 32 Estados y los 2,458 municipios, por un monto de 22 mil 500 millones de pesos, que representó un 9.5%.
3.- El gobierno de AMLO en su afán de concentrar recursos de donde sea, sin medir las consecuencias, también ha gastado el 80% del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF), al pasar de 88 mil 720 millones de pesos en 2019 a 22 mil 467 millones en marzo de 2023 (Buzos 1092, 31/07/2023). Este fondo debe servir para enfrentar una crisis financiera, para lo cual el FEIEF, por ahora está incapacitado.
Si bien la queja de falta de recursos ha llegado a Palacio Nacional, la respuesta de López Obrador, es que si los estados y municipios quieren más dinero “que cobren más impuestos locales”, lo que resulta imposible, porque en la gran mayoría de los municipios solamente pueden cobrar predial y agua potable, por el entorno de pobreza en que se encuentran.
A esta injusticia presupuestal de los municipios se suma la desigualdad económica que existe en la población, generando un raquítico y desequilibrado desarrollo regional, que el gobierno de AMLO no resuelve con los raquíticos apoyos otorgados con las tarjetas de Bienestar.
Si a todo lo anterior, le agregamos que tenemos gobiernos municipales que son señalados por sus gobernados como ineficientes y corruptos, que administran mal los recursos, que les niegan soluciones de demandas que están a su alcance, que están más preocupados por mantener el poder a través de la reelección o la colocación de algún incondicional, que atender las necesidades de sus gobernados, la suerte de los pueblos es estar sumidos en el atraso y la marginación.
El pueblo no debe tolerar más los abusos que cometen los gobernantes con los recursos mal distribuidos y pésima administración, que son producto del pueblo que paga impuestos, debe organizarse para formar su propio partido que luche y conquiste el poder para poner en práctica una verdadera justicia social.
