“Maestra mejor váyase, ya habíamos hablado con usted, no la queremos sacar de las greñas. Y las señoras, gritando afuera, gritándome, amenazándome y sin mencionar que cuando me salí del salón me empujaron”, narró Marisol Romero, docente del Bachillerato Calmécac, ubicado en el municipio de Huejotzingo, luego de que el 26 de septiembre, al ingresar a dar clases, un grupo de personas y maleantes le impidió continuar con sus labores, argumentando que no la querían en la institución por su pertenencia al Movimiento Antorchista.
“Me dijeron que me iban a sacar de la escuela porque soy antorchista. Más tarde entraron varias personas a mi salón, me exigieron que me retirara y me amenazaron diciendo que ya tenían identificados nuestros vehículos y que no nos respetarían”, relató.
Romero, quien imparte las materias de cultura digital e inglés desde agosto de 2012, indicó que durante los hechos fue hostigada y grabada por los maleantes, mientras las maestras del plantel Lizet Sánchez y Zoila mantenían cerradas las protecciones de los salones para evitar que los estudiantes intervinieran.
Además, denunció haber sido expulsada de la institución por integrantes del comité de padres de familia, encabezados por el tesorero Cristian Osorno Castillo, su esposa Raquel Melchor, así como por Rubén Benjamín Kuri Ortega, quienes controlan actualmente el acceso a la escuela.
Relató que algunos alumnos intentaron impedir que una madre la grabara, lo que derivó en un incidente en el que un estudiante cayó sobre sus compañeros.
Romero agregó que ya había sido amenazada previamente por Osorno Castillo durante una reunión realizada el 4 de septiembre, lo que la llevó a interponer denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y la Fiscalía General del Estado, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de las autoridades.
A pesar de la situación, señaló que intentó continuar sus clases con normalidad hasta que el nuevo director del plantel, Virgilio Rodríguez, le sugirió retirarse “para evitar mayores problemas”, sin interceder ante la agresión de ese viernes.
Finalmente se vio obligada a salir de la institución alrededor de las 12:10 horas. “Tuve temor, pero tuve que calmarme porque estaban mis alumnos. Lo que me hicieron fue injusto; al final es la SEP quien nos asigna a las escuelas y quien nos paga”, concluyó.
La profesora subrayó que había elementos de Seguridad Pública rondando la escuela, pero no intervinieron. Pese a que ya formalizó denuncias y de haber recibido como respuesta la incompetitividad de las autoridades espera la intervención de las autoridades educativas para garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos laborales.
