Adrián Salazar.-
En días recientes se dio a conocer un hecho que conmocionó a todos. En el municipio de Tehuitzingo, en el rancho de Texcalapa, se registró el asesinato de 10 personas, entre ellos un bebé. Ante el hecho, surgieron varias versiones, desde el acto de un hijo con problema de adicciones, pasando por disputas por tierras y ganado, hasta la autoría de un comando armado ligado a grupos delincuenciales que operan en los límites de Puebla y el vecino estado de Guerrero. Cual sea el verdadero motivo, estamos ante un hecho sin precedentes, que manifiesta la extrema violencia que comienza a imperar en la zona, así como la falta de seguridad eficaz y una estrategia de prevención por parte de las autoridades gubernamentales para garantizar la seguridad de sus gobernados.
A la postre, en algunos medios se dio a conocer que “informes de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) advierten que el grupo criminal conocido como ‘Los Ardillos’ ha intensificado su expansión hacia municipios colindantes con Puebla, utilizando una estrategia basada en terror, control territorial y penetración política. Las fuerzas federales mantienen vigilancia permanente en la franja limítrofe entre Guerrero y Puebla ante el riesgo de que la organización criminal consolide operaciones en territorio poblano, principalmente en municipios de la región mixteca.
Para la ciudadanía, en promedio, es bien sabido de la existencia y forma de operar de estos grupos criminales que han ido ganando terreno y poder frente a los gobiernos de Guerrero, dejando a la población civil a su suerte, al ser rebasadas en todos los ámbitos y ser incapaces de poder hacer frente eficazmente para garantizar el estado de derecho, lo que les ha permitido consolidarse y expandirse, consumiendo y destruyendo el tejido social de todos aquellos lugares donde operan.
Por tanto, y debido a las condiciones geográficas de vecindad entre Puebla y Guerrero, no suena irracional que, una vez agotados y sometidos los municipios guerrerenses que colindan con la Mixteca poblana, busquen expandirse hacia esta zona. Esto, sin embargo, debe encender las alarmas en todos los niveles de gobierno, puesto que su obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, así como la integridad de todos sus gobernados. En este caso concreto, de toda la Mixteca de Puebla.
Cabe recordar aquí la lucha de los estudiantes de Tecomatlán, quienes de forma pacífica, pero enérgica, protestaron exigiendo seguridad para la Mixteca porque en el tramo carretero de Palomas-Tecomatlán, fueron robados equipos de aire acondicionado que la Escuela Secundaria Técnica No. 16 había adquirido para mejorar las condiciones del estudiantado. Tras una larga jornada de lucha y denuncia pública lograron recuperar los aires acondicionados, pero su exigencia de fondo, no fue atendida, pese a que se trata de un problema que afecta a miles de poblanos que diariamente se ven obligados a hacer uso de las carreteras de esta región, exponiéndose a ser víctimas de la inseguridad.
Ante estos hechos, los gobiernos municipales deben hacer lo propio y tomar cartas en lo inmediato con acciones concretas, al igual que el Gobierno del Estado. Se debe, pues, implementar una estrategia conjunta entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar la seguridad en los municipios, sí, pero también en las carreteras federales con presencia policiaca, con elementos capacitados y equipados para hacer frente oportunamente a la delincuencia y evitar que siga avanzando y se apodere de la Mixteca.
Estamos a tiempo de actuar oportunamente. El no hacerlo será responsabilidad de los gobiernos en turno porque los estudiantes tenían razón, en la Mixteca hace falta seguridad, y todos la debemos exigir.
