LUZ MARIA DE LOS SANTOS HILERIO.-
Habitantes de San Buenaventura Nealtican y Santa María Acuexcomac exigieron que se respete el convenio firmado en 1994 con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), mediante el cual se autorizó la extracción de agua de pozos ubicados en ambas comunidades por un periodo de 30 años.
En rueda de prensa, los representantes señalaron que dicho acuerdo concluye en diciembre de 2026 y sostuvieron que, conforme a resoluciones emitidas por juzgados y tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, el Gobierno de Puebla, el SOAPAP y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deben abstenerse de otorgar una prórroga a la concesión.
Los inconformes afirmaron que la concesión PUE100304, que comprende cuatro pozos en Nealtican y cinco en Acuexcomac, también vence este año y aseguraron que, hasta el momento, el organismo operador no ha solicitado su renovación dentro del plazo previsto por la Ley de Aguas Nacionales, por lo que consideran que no debería ampliarse su vigencia.
De acuerdo con los activistas, los pozos localizados en San Miguel Xoxtla, Nealtican y Acuexcomac abastecen cerca del 40 por ciento del agua potable que consume la ciudad de Puebla y su zona metropolitana, situación que, afirmaron, ha generado durante décadas afectaciones ambientales, sociales y económicas para estas comunidades.
Asimismo, acusaron a autoridades municipales, estatales y a la empresa Agua de Puebla de incumplir los compromisos establecidos en el convenio original, al mantener la extracción del recurso sin atender, señalaron, los impactos ocasionados en los mantos acuíferos y en la actividad agrícola de la región.
Durante la conferencia, los representantes comunitarios aseguraron que la extracción constante de agua ha provocado afectaciones a los ahuehuetes y a los acuíferos de la zona, además de poner en riesgo la disponibilidad del recurso para las futuras generaciones.
También denunciaron que algunos pobladores han enfrentado procesos legales y actos de intimidación por oponerse a la explotación de los pozos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para privilegiar el diálogo y atender sus demandas.
Finalmente, los habitantes indicaron que continuarán organizándose para defender el agua de sus comunidades y reiteraron su exigencia de que, al concluir la vigencia de la concesión, se suspenda la extracción del recurso y se garantice la recuperación de los acuíferos de la región.
