Este viernes 14 de agosto un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada contra Sirenio “N”, hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 11 años con residencia en Matamoros, Tamaulipas.
La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el hombre permanecerá tras las rejas. El delito que se le imputa es violación equiparada agravada.
El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso tras presentar ante el juez de control los datos de prueba que implicaron al imputado en los hechos. Los presuntos abusos habrían ocurrido en un domicilio de una colonia al sur poniente del municipio.
Sirenio “N” fue detenido el pasado 13 de agosto por elementos de la fiscalía del estado, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Cabe señalar que el ahora procesado y la madre de la víctima habían denunciado en medios de comunicación a terceros como responsables del crimen, el cual también dejó como resultado el embarazo de la niña de 11 años.
Fue la abuela de la menor quien señaló directamente a Sirenio “N” como culpable desde que se dio a conocer la violación.
La situación se hizo pública el pasado 5 de agosto, cuando la menor ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros por supuestos dolores estomacales. Fue en ese centro médico donde se confirmó que cursaba un embarazo de aproximadamente 20 semanas.
La madre de la niña relató al medio Imagen Noticias que desde cuatro meses antes notaba que su hija vomitaba con frecuencia y su vientre se endurecía, por lo que la llevó al médico.
Según declaraciones, los especialistas le dijeron que no fuera exagerada: “Era cuestión de cambio hormonal, que por eso se inflamaba su pelvis”, recordó.
No fue sino hasta la visita del 5 de agosto al IMSS cuando el personal médico detectó el embarazo y alertó a las autoridades.La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día.
El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.
El 11 de agosto, a las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS, de acuerdo con reportes previos de Infobae.
La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor, conforme a la NOM-046-SSA2-2005, que contempla el acceso a la interrupción del embarazo cuando este es consecuencia de una violación.
Hugo Gutiérrez, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó a medios de comunicación que la menor se reportó estable tras el procedimiento.
Según reportes, tras recibir el alta la niña será llevada a la Casa Hogar del Niño Matamorense, donde el DIF mantendrá su custodia legal.
Antes de su detención, Sirenio “N” ofreció declaraciones a Imagen Noticias en las que negó ser el responsable del abuso y argumentó que la niña había mencionado a varios hombres del entorno familiar: “No se sabe quién realmente es. Yo me siento como su papá porque la estoy criando como su papá”, afirmó.
La madre de la menor también señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles agresores, mientras que la abuela apuntó directamente a Sirenio “N”. En días previos a su captura, el ahora procesado abandonó el domicilio donde vivía con la víctima y su madre, llevándose todas sus pertenencias.
Además, a Sirenio “N” se le acreditó un antecedente penal en Florida, Estados Unidos: una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años. Tras esa sentencia, fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.
Durante todo el proceso, las autoridades pidieron a los medios de comunicación manejo cuidadoso del caso y respeto al interés superior de la niñez, en atención también a la familia de la menor.
