- El Presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez, entregó 12 vehículos que serán destinados a labores del quehacer administrativo y jurisdiccional.
Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Poder Judicial del Estado y atender las necesidades de traslado y movilidad que derivan de la función jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura incorporó y entregó 12 vehículos que serán destinados al desarrollo de diligencias, actuaciones judiciales, notificaciones y demás actividades vinculadas con la impartición de justicia.
Los vehículos fueron entregados por el Presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, al Tribunal Superior de Justicia, así como a las administraciones y subadministraciones regionales de juzgados en materia Familiar Tradicional, Oral Familiar, Civil, Mercantil y de Ejecución.
Con esta incorporación, el Consejo de la Judicatura dignifica las condiciones laborales del personal judicial, al reforzar las condiciones materiales necesarias para que los órganos jurisdiccionales y administrativos puedan desarrollar sus funciones de manera más eficiente, particularmente en aquellas actividades que requieren traslados y atención fuera de las sedes judiciales.
Al evento asistieron la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Magistrada María Elena Farfán González, así como el Magistrado José Octavio Pérez Nava en representación de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la Judicatura, Magistrada Araceli Cabido Vaillard y Amadeo Fuentes Añorve.
La disposición de estas unidades permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los juzgados para la realización de diligencias, notificaciones y actuaciones procesales, contribuyendo a una prestación más eficiente del servicio de impartición de justicia en las distintas regiones del estado.
Esta acción forma parte de las medidas impulsadas por el Consejo de la Judicatura para atender las necesidades operativas de los órganos jurisdiccionales y generar mejores condiciones para el desempeño de las funciones del personal judicial, en beneficio de las personas usuarias del servicio de justicia.
