Este 26 de octubre, tal como lo había anunciado un día anterior, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE a la Cámara de Diputados.
En sus redes sociales Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, compartió la carta de renuncia de la expresidenta del INE.
Taddei afirmó que dejó la presidencia del INE con “serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y sus instituciones”.
En la carta, Taddei justificó su separación de la presidencia del INE porque “el Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal”. Mismo argumento que presentó en el comunicado con el que anunció su dimisión.
El INE difundió el comunicado de la funcionaria el pasado 25 de octubre, lo retiró poco después y más tarde volvió a publicarlo, sin explicar la causa de la eliminación temporal. Taddei asumió la presidencia del organismo en abril de 2023.
En el mensaje, la consejera presidenta señaló que tomó la decisión tras una “profunda reflexión”. Sostuvo que la protección del instituto y la continuidad de sus funciones constitucionales deben estar por encima de “cualquier interés personal o coyuntural”.
La ASF abrió una investigación de oficio contra el INE por el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones de materiales electorales, después de que se difundieran señalamientos sobre posibles vínculos entre exfuncionarios y proveedores del organismo. La revisión también alcanza a los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas y personas servidoras públicas relacionadas con el caso.
El órgano fiscalizador informó el pasado 23 de octubre que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. No precisó cuáles son los procedimientos bajo revisión ni identificó a las personas involucradas.
Las acusaciones se concentran en contratos millonarios para suministrar papelería electoral, entre ella papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. También cuestionan si antiguos colaboradores del instituto mantuvieron nexos con compañías proveedoras y si informaron con veracidad sobre sus intereses empresariales en sus declaraciones patrimoniales.
