La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa trabajando para combatir el delito de secuestro en Puebla. Las diligencias tácticas y de investigación implementadas por la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), han permitido que personas involucradas en este ilícito sean sentenciadas hasta con 146 años de cárcel.
La investigación en torno a los secuestros de dos ciudadanos, ocurridos en 2014, logró aportar elementos de prueba que permitieron sentenciar a 8 personas, responsables de los hechos.
Se trata de Alfredo Enrique Penetro Ávila, alias “El Negro Puma”; José Eduardo Rivera Rubín, alias “El Pimor” y Manuel Giovani Huerta Muñóz, alias “El Smok”, quienes pasarán 80 años en prisión.
Asimismo, Pedro Eduardo Hernández Ocampo, alias “El Bodoque”; Jesús Antonio Hernández Ocampo, alias “El Negro”; Juan Ricardo Hernández Ocampo, alias “Juanchín”; Pedro Ángel Rojas Camacho, alias “El Cholo” y Hugo Bautista Valencia, alias “El Gordo Diak”, fueron sentenciados a 40 años de cárcel.
Además cada integrante de la banda delictiva, tendrá que pagar más de 1 millón de pesos como reparación del daño moral y material a favor de los agraviados. Participaron en Dos secuestros.
En el primer hecho, el 21 de febrero de 2014 en la carretera federal Puebla-Tehuacán, interceptaron a un ciudadano y lo trasladaron a una casa de seguridad, donde estuvo hasta el 4 de marzo para después ser liberado en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc ante el pago de un rescate de 150 mil pesos.
Por otra parte, el 25 de marzo del mismo año, secuestraron a una mujer que se dirigía a su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo en la capital poblana, la trasladaron a la colonia Galaxia Bosques de Manzanilla y fue liberada el 1 de abril.
Ambas víctimas, denunciaron los hechos ante la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI) hoy FISDAI, por lo que se implementaron operativos tácticos y de inteligencia, que permitieron ubicar y desmantelar a esta banda delictiva.
Lo anterior es muestra de que en Puebla los secuestradores son detenidos y sancionados conforme a la ley. Además, las víctimas y sus familiares son atendidos integralmente con apoyo jurídico, médico y psicológico.
