Entre mil 800 y dos mil 300 menores y adolescentes indígenas están desplazados por grupos paramilitares en varios municipios de Chiapas, al sur de aquí.
Resultan las principales víctimas por un conflicto agrario entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó , señaló Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la agrupación Melel Xojobal.
La activista exigió medidas de las autoridades para proteger a la niñez indígena y solicitó que las Naciones Unidas se pronuncien sobre esta situación y gestionen el envío de ayuda internacional para unas seis mil personas desplazadas de su territorio.
‘No ha habido una intervención efectiva’ ni de parte de los gobiernos local ni federal, apuntó.
Por su parte Alberto Solís, director de SERAPAZ y Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), destacaron que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga al Gobierno a actuar para proteger a los infantes, pero que ello no ha ocurrido.
En Chiapas el 82 por ciento de los niños y adolescentes viven en pobreza, y situaciones como la actual incrementan la desigualdad y propician la violación de los derechos de la infancia, advirtieron.
