El presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió su palabra de abrogar por decreto la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto y a tales efectos firmó un memorándum para los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda.
En los lineamientos principales del memorando se especifica que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural de calidad y gratuita en todos los niveles.
De esa forma, como anunció en su conferencia de prensa este martes en el Palacio Nacional, deja sin efecto la reforma educativa del gobierno anterior mientras se llega a un acuerdo con la disidencia magisterial.
Poco antes las bancadas opositoras de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Revolucionario Democrático (PRD) habían advertido al mandatario que tal acto sería inconstitucional y autoritario, opinión de la que había discrepado.
‘Estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación y el secretario de Hacienda, para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa’, explicó López Obrador en un video que compartió en sus redes sociales y que es reproducido en numerosos sitios web.
Su argumento es que la modificación constitucional realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no se tradujo en una mejora en la calidad de la enseñanza y, por el contrario, impulsó una campaña de descredito al magisterio.
En el documento, López Obrador refiere que en tanto no se alcance un acuerdo las ‘otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas que se hayan traducido con la aplicación de la llamada reforma educativa’.
Mediante lineamientos y directivas, pide a las secretarías de Hacienda, Gobernación y Educación Pública dar seguimiento a una serie de acciones y directivas que se deben aplicar, en tanto no culmine el proceso de dialogo con docentes para concretar una nueva reforma.
Por ello, ordenó a la Secretaría de Hacienda asumir el control de la nómina magisterial para impedir prácticas patrimonialistas ilegales y cualquier otra forma de corrupción, y a la de Educación administrar las plazas, contratar a los egresados de la normales públicas y reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas.
Finalmente, a la Secretaría de Gobernación le solicita realizar las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a maestros y luchadores sociales que permanezcan en prisión por haberse opuesto a la ‘susodicha reforma o por haber participado en causas sociales justas’.
