¿ Del municipio e Puebla o de San Andrés Cholula?
El conflicto de límites territoriales entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula se lleva por lo menos 17 años. Se inició desde que se creó la Reserva Atlixcayotl a mediados de los años 90.
Desde finales de los 80 esas tierras privilegiadas por su riqueza en agua y cercanas a la capital del estado ya estaban en la miras de los inversionistas y los gobiernos estatales, el proyecto era, por supuesto, crear infraestructura urbana, vivienda, comercio, servicios, escuelas.
Esas tierras estaban condenadas a ser absorbidas por la capital, en un modelo depredador como el vigente era inevitable salvar ese espacio que en esos años tenía la vocación natural: la agricultura y ganadería productora de leche.
Tarde o temprano la gran ciudad alcanzaría esas tierras, fuera quien fuera pero iban a ser usadas para desarrollo urbano ante el crecimiento anárquico e irregular de la capital.
Fue en los gobierno de Mariano Piña Olaya y Manuel Bartlett cuando se concreta el despojo de tierras a los ejidatarios, se publicó un decreto que enajenaba las tierras a favor del gobierno del estado, por supuesto, detrás estaban los inversionistas, el gobierno sólo fue el medio legal para que ellos se quedaran con la mayor parte.
A los ejidatarios les pagaron precios irrisorios por las ricas tierras, desde cinco hasta 50 pesos el metro cuadrado, los dirigentes que “defendieron” a los ejidatarios, doblaron las manos, entregaron el movimiento, las tierras pasaron a dominio del gobierno.
Antes de que se diera este proceso no había conflicto entre Puebla y San Andrés, los dos municipios vivían en paz, la manzana de la discordia se creó cuando las más de mil hectáreas expropiadas se transformaron en infraestructura urbana, en grandes negocios, en universidades privadas, en fraccionamientos lujosos, la zona genera muchos millones de pesos por pago de impuestos.
Hoy los dos municipios reclaman el territorio en conflicto, cada uno dice que les pertenece. El Congreso del estado no ha querido definir la situación por intereses políticos, en tanto miles de ciudadanos que habitan la zona de conflicto viven en la incertidumbre jurídica.
El municipio de Puebla argumenta que como la SCJN falló a favor en materia fiscal, lo que le permite a Puebla cobrar los impuestos, considera que la zona le pertenece pero espera que el Congreso defina y resuelva.
La realidad es que la al zona de conflicto, unos 8 kilómetros cuadrados, siempre ha pertenecido a San Andrés Cholula, Puebla sólo reclamó el espacio hasta que se crea la reserva territorial.
Cuando se emiten los decretos expropiatorios de la casi mil cien hectáreas se especifica que se trata de los ejidos de San Andrés Cholula y San Bernardino Tlaxcalancingo, nunca se especificó Puebla. Además, los domicilios de los ejidatarios afectados tienen dirección de San Andrés y Tlaxcalancingo, las credenciales de elector tienen domicilio de San Amdrés. Estas son pruebas claras de que la zona de conflicto no corresponde al municipio de Puebla.
Lo que queda es que el Congreso del estado le entre ya al problema y con estricto apego a derecho defina la situación, que no intervengan criterios políticos y económicos, debe proceder conforme a la ley. No se trata de negociar la ley sino aplicarla.
