La nueva Ley para promover pagos digitales y electrónicos que busca reducir el uso de efectivo avanzó en la Cámara de Diputados, sin embargo es un buen momento para reflexionar sí nuestro país está preparado para este cambio.
La modernización del sistema financiero mexicano es, sobre el papel, un objetivo loable. Sin embargo, cuando estas políticas se diseñan desde la comodidad de una oficina conectada en Ciudad de México, corren el riesgo de convertirse en herramientas de exclusión masiva, cerrando puertas a millones de ciudadanos que viven en una realidad tecnológica y geográfica muy distinta a la de la capital.
El impacto de una ley de esta naturaleza es asimétrico y profundamente injusto. Mientras que en las grandes metrópolis la adopción de SPEI, CoDi o tarjetas de débito es una comodidad creciente, en los municipios semiurbanos y, sobre todo, en las zonas rurales de México, el efectivo no es una opción; es la única red de supervivencia.
Imaginemos por un momento obligar a un pequeño productor de café en la Sierra Norte de Puebla o a una artesana en Chiapas a digitalizarr todas sus ventas. Para ellos, esta ley no significa «modernización»; significa la parálisis de su economía local, la imposibilidad de comprar insumos básicos y la dependencia forzada de intermediarios que si cuenten con esta opción.
El efectivo, en estas regiones, cumple una función social fundamental que la tecnología aún no puede replicar: es inmediato, no requiere infraestructura, no cobra comisiones por transacción y es universalmente aceptado.
Para dimensionar la gravedad del problema, es imperativo observar los datos duros sobre la cobertura de internet en el país. Aunque las cifras oficiales del INEGI y el IFT muestran avances, la brecha digital sigue siendo una grieta dolorosa. Según la ENDUTIH 2024, el 86.9% de la población urbana utiliza internet; una cifra que desciende drásticamente al 68.5% en el ámbito rural.
Esta brecha no es solo una estadística de ocio; es una estadística de acceso a derechos, servicios y, bajo esta ley, a la economía.
Peor aún, si bien la mayoría de los mexicanos tiene acceso a alguna forma de conexión móvil en las cabeceras municipales, miles de localidades rurales e indígenas operan en la absoluta desconexión.
Según reportes del Programa de Cobertura Social del Gobierno Federal, aunque hay avances, más de 120 municipios del país aún carecen de condiciones adecuadas para que las compañías ofrezcan servicio de internet en su territorio, concentrándose la mayoría de estos vacíos en estados con alta marginación como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Pretender implementar una reducción forzosa del efectivo sin haber garantizado primero una cobertura universal, estable y asequible de internet, así como una verdadera inclusión financiera que llegue a cada rincón, es gobernar a espaldas de la realidad.
Esta ley, tal como se plantea, no es un puente hacia el futuro; es una barrera que condena a los municipios rurales y semiurbanos a la exclusión económica, vulnerando su autonomía y cerrándoles la puerta al desarrollo en nombre de una modernidad que aún no les pertenece.
Síguenos en:
X: “Escenarios” / @ferinchaustegui
