L os integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo, que preside el Diputado Gerardo Mejía Ramírez, aprobaron por unanimidad reformas al Código de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social; a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la creación de la Ley de Medios Alternativos en Materia Penal para el Estado de Puebla.
En este sentido, los Diputados Edgar Jesús Salomón Escorza, Jesús Salvador Zaldívar Benavides, José Guillermo Aréchiga Santamaría y Jesús Ricardo Morales Manzo, avalaron la adición y derogación de diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales, con el objetivo de optimizar las herramientas que garanticen una efectiva investigación y persecución de los delitos, una mayor protección de los derechos fundamentales de las víctimas y ofendidos y, en general, un conjunto de componentes que permitirán hacer más efectivo el proceso penal en el sistema acusatorio.
Asimismo, el Órgano Colegiado aprobó modificar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social, con el que se establece bases para la evaluación de los riesgos procesales que representa el imputado; Incorporación de los Derechos Humanos como nueva base para la fase de reinserción social; regulación del trabajo penitenciario; regulación de la educación penitenciaria; dar garantía a que el interno cumpla la sanción privativa de la libertad; la conformación del Consejo General Técnico Interdisciplinario; regulación de tratamiento preliberacional y la incorporación de la ejecución de medidas cautelares.
Por otro lado, se aprobó el Proyecto de Dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, a fin de regular las facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que éste pueda dictar directivas para la organización y realizar nombramientos de los funcionarios que desde la esfera judicial operarán con el nuevo sistema.
Por lo anterior, dicha reforma separa del juez, las funciones administrativas de las jurisdiccionales y se crea la figura del Administrador de Juzgados de Oralidad Penal, funcionario que le corresponderá proveer en la esfera administrativa los requerimientos para el funcionamiento de las audiencias y de los demás trámites que el juzgado en su conjunto necesita para funcionar, el nombramiento del Administrador y de los funcionarios que integran las distintas áreas de apoyo será facultad del Pleno del Tribunal, estableciendo un nuevo título en el que se mencionan los requisitos mínimos y las facultades que éste tendrá a su cargo.
En este orden de ideas se crean los Juzgados de Oralidad Penal los cuales se integrarán por el número de jueces necesarios para brindar el servicio, los cuales podrán actuar de manera unitaria o colegiada, del mismo modo se precisan los casos en que podrá operar la prórroga de la jurisdicción.
Se proponen modificaciones a las facultades de las Salas Penales del Tribunal Superior, con el propósito de regular las salas unitarias o colegiadas de acuerdo al tipo de recurso que esté en trámite, esto con la finalidad de que quienes conozcan de los recursos de anulación y de revisión no hayan conocido previamente del recurso de apelación.
Del mismo modo, se pretende que los jueces y magistrados puedan actuar sin secretario, siendo ellos mismo quienes den fe para certificar el contenido de los actos que realicen y de las resoluciones que dicten, por último el nuevo proceso acusatorio no prevé la posibilidad de contar con jueces mixtos o que los jueces municipales tengan competencia en materia penal, debido a que se necesita que el juzgador cuente con destrezas, competencias y habilidades para ejecutar el proceso penal oral.
Finalmente, se avaló el Dictamen por virtud del cual se expide la Ley de Medios Alternativos en Materia Penal para el Estado, con el cual se aplica la diversificación de herramientas con las que cuenta la sociedad para poder resolver los problemas sociales que se desprenden del fenómeno de la delincuencia.
