El Senado de México concluyó su segundo período extraordinario de sesiones con la aprobación de una reforma que establece prisión preventiva oficiosa para desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales.
La aprobación salió adelante pese a la presión de bancadas de oposición influida por el caso de Emilio Lozoya y su calidad de testigo protegido, que le permite revelar nombres de legisladores actuales involucrados en los sobornos de Odebrecht y otros delitos perpetrados en el gobierno anterior del que muchos de ellos proceden.
Con ello, el Senado cerró una sesión maratónica, de más de 12 horas, poco después de las cuatro de esta madrugada, en que se aprobaron, con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los cambios legales que reglamentan la controvertida reforma al artículo 19 Constitucional, del año pasado.
Durante el debate, senadores del Partido Acción Democrática (PAN) advirtieron que de nada sirve la prisión preventiva oficiosa y pusieron como ejemplo el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quién, fue extraditado, resaltaron, pero no pisará la cárcel, según ellos.
Morena les respondió a través de la senadora Lucía Trasviña, quién advirtió a los opositores que con estas reformas se acabará el lavado de dinero y la compra de votos, que antes practicaron, ya que los delitos electorales también serán considerados como graves y ameritan prisión preventiva oficiosa.
‘Muchos de ustedes, dijo, llegaron comprando los votos, desparramando dinero del crimen organizado, es la realidad’, sostuvo, y aclaró que Lozoya es testigo protegido porque de lo contrario, ‘ya lo hubieran asesinado’.
