lunes , marzo 1 2021

Arbitraria persecución contra comerciantes en Puebla

Tito Ramírez García.-

 

Según mundo.sputniknews.com, “en las primeras semanas de la pandemia de COVID-19, el número de mexicanos en pobreza laboral aumentó 24.4 millones, en comparación con los 45.2 millones de trabajadores en pobreza laboral registrados durante el primer trimestre de 2020”. En tanto, eluniversal.com.mx sostuvo el 2 de junio que, “el confinamiento para evitar la propagación del COVID-19 dejó a 12.5 millones de personas sin trabajo e ingreso durante abril, de los cuales 10.3 millones laboraban en la informalidad, los más afectados por la pandemia, de acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática)”.

La cruda realidad del país en unas líneas: aumento del desempleo, aumento de la pobreza, hay que buscar cómo sobrevivir. Y si a esto le sumamos el nulo apoyo del gobierno para paliar las consecuencias de la pandemia y el abandono total en los últimos desastres naturales (que, en el caso de Tabasco, ni siquiera fue tan natural); miles de familias trabajadoras, se han visto en la necesidad de sumarse al empleo informal para subsistir de manera decente (pues, seguramente también hay quienes han buscado la sobrevivencia en el crimen organizado o independiente). La indolencia gubernamental ha llevado a mucha gente a optar entre quedarse en casa y morir de hambre lentamente o arriesgarse al contagio del COVID-19 en busca de la subsistencia.

He aquí algunos datos que parecen confirmar tal apreciación: “la población desocupada aumentó de 4.2% a 5.5% entre mayo y junio, es decir 901,000 mexicanos, para sumar 2.8 millones, señaló el instituto”, así lo publicó de manera digital expansion.mx el pasado 5 de agosto de 2020, tomando como fuente al propio INEGI. En la nota se agrega que “la ocupación informal en junio de 2020 ascendió a 25.6 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 53%, cifra mayor en 1.2 puntos porcentuales comparada con la del mes previo (es decir, mayo). Previo a ello, infobae.com había publicado casi a finales de febrero de 2020, lo siguiente: “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), un instrumento demográfico que permite conocer los perfiles de empleo y desempleo de la población mexicana y que realiza el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), en México se reportó que en el sector informal se sumaron 31.3 millones de personas, cifra 2% mayor respecto a periodo de octubre a diciembre de 2018”.

Aunque no todos los datos coincidan de manera exacta, todos expresan una realidad seriamente preocupante y parecen confirmar que la situación es aún más dura de la que nos informan las instituciones de gobierno. Y para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, estos escandalosos datos deberían llamar seriamente la atención. Pero ni qué decir de los gobernantes, de aquellos que buscaron o aceptaron un papel en el servicio público, pues son los responsables de conducir el barco de la nación, el estado o el municipio en donde fungen como titulares de determinada autoridad. Y están obligados a hacerlo no sólo porque de sus resultados dependen de su permanencia en el lugar que ocupan, sino sobre todo, porque reciben una paga del pueblo para eso.

Sin embargo, hay funcionarios embebidos en su comodidad que han perdido piso y tiene rato que debieron despedirse del servicio público, pues en vez de servirle se dedican a perseguir al pueblo, sobre todo a aquellos a quienes consideran ciudadanos de tercera: a los trabajadores, a quienes crean y mueven la economía. Y como caso concreto, podemos ver a René Sánchez Galindo, secretario del Ayuntamiento morenista de Puebla capital, quien la ha emprendido contra los comerciantes ambulantes de dicha ciudad.

De por sí, quizá alentados desde Palacio Nacional y amparados en la actitud persecutoria del presidente de la república, al parecer una gran mayoría de funcionarios morenistas la han emprendido contra sus enemigos políticos. Apoyados en la fuerza que da el poder, vociferan, agreden y proceden contra todo aquél que no se someta a sus dictados. Eso ha venido ocurriendo con Sánchez Galindo y la persecución totalmente arbitraria que encabeza contra un grupo de comerciantes ambulantes, quienes a pesar de la necesidad de vender para subsistir, han procurado, por todos los medios, cumplir las medidas sanitarias.

¿Cuál es el delito de dichos comerciantes? Al parecer, el crimen es no ser de filiación morenista y buscar permanecer con vida. Así se explican las 75 denuncias que el secretario mencionado asegura haber presentado con delitos totalmente inventados, en especial contra Francisco Machorro, líder de un grupo de comerciantes antorchistas.

Lo desesperado de la situación de la gente que se deduce de los datos arriba citados exige no sólo tolerancia, sino medidas de apoyo a la población que no puede quedarse en casa porque se arriesga a morir de hambre. Pero además, las iracundas declaraciones de René Sánchez Galindo en los medios sin ofrecer alternativas a los comerciantes, prueban que o es instinto de persecución o él sólo es el brazo ejecutor de una serie de intereses ocultos pero muy fuertes para reprimir a todos los que no se sometan a los designios morenistas en vísperas de la campaña política ya en puerta. Es previsible que actúen con toda la fuerza del poder en sus manos, pero también deben saber que la unidad y la fuerza organizada de Antorcha estará siempre contra la injusticia, hoy también ante la represión contra los modestos comerciantes ambulantes de la capital poblana. Juntos defenderemos el derecho al trabajo, consagrada en el artículo 5º de nuestra Constitución Política Nacional.

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