Ante la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el escándalo de presunta corrupción y conflicto de interés entre la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), el titular de la dependencia dio a conocer avances de la investigación que llevan a cabo.
Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien encabeza la entidad encargada de revisar el gasto público, acudió a la Cámara de Diputados con la finalidad de presentar la segunda entrega de los informes individuales relacionados con la Cuenta Pública 2025.
Durante su discurso, este 30 de octubre de 2026, abordó las acciones detectadas en el organismo electoral, donde ya han detectado que dos grupos empresariales concentran contratos que superan los 8 mil millones de pesos entre 2014 y 2026.
Desde el Pleno en San Lázaro, Hernández Palacios Cardel aclaró que tras el escándalo que estalló en el organismo electoral hace algunas semanas, la ASF inició una investigación de oficio para detectar las irregularidades en el INE.
Las acciones de la dependencia abarca a “todos los organismos públicos locales electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.
Con el objetivo de “combatir la corrupción enquistada”, se realizaron diversos requerimiento de información, tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), mismas que buscan dar con el “origen de estas conductas” con los grupos empresariales señalados.
Tras la autonomía que tomó la Auditoría debido a reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, el órgano técnico fiscalizador “realizó diversos trabajos de inteligencia” detectando “que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026”.
Del monto mencionado, 3 mil 790 millones de pesos fueron ejercidos por organismos electorales locales. Además, Aureliano Hernández detalló el modus operandi de proveedores que ofrecen servicios al INE.
Se identificó que proveedores de una empresa analizada trabajaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, sumando operaciones por 21.3 millones de pesos, además, otra de las empresas analizadas se encuentra suspendida del padrón de importadores.
Otro de los mecanismos utilizados por estos proveedores se encuentran operaciones entre “sociedades de los mismos grupos”, explicó que esta situación se debe a la “subcontratación” por parte de la empresa licitada, es decir, el conflicto recae en que el proveedor subcontratado también participó en los concursos públicos, sin embargo, también forma parte del grupo de empresarios señalados.
Otra de las formas en las que operaban los grupos detectados se centra en presuntas “empresas fantasma”, las cuales tienen “registros laborales reducidos o nulos”, el contraste se centra en los montos facturados, ya que “se trata de empresas que, a pesar de facturar cientos de millones de pesos, cuentan con menos de cinco trabajadores y, en algunos casos, con ninguno”.
“Competencia desleal”, destacada como otra de las líneas de investigación, la cual estaría enfocada en “garantizar la adjudicación de los contratos”, lo que incide de manera directa en “precios y condiciones en menoscabo del patrimonio público”.
Las investigaciones periodísticas que fueron difundidas en semanas previas y que señalaban una presunta relación cercana entre los empresarios y Taddei, fue confirmada por el auditor superior, sin que hasta el momento se haya mencionado el nombre de la exconsejera por parte de la entidad fiscalizadora.
“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, finalizó.
