HIPÓLITO CONTRERAS/
La ONG Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos pide que el caso de violación de derechos humanos ocurrido el 3 de mayo del 2017 en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, en donde se detuvo ilegalmente a 10 personas y ejecución de dos personas, se realicen las investigaciones ministeriales y se repare el daño a las víctimas.
En conferencia de prensa Mónica Roldán Reyes, dirigente de la CCDDH, informó que la recomendación de la CNDH es la 12 BG 2018 sobre las investigaciones de violación graves a los derechos humanos por la ejecución arbitraria, el trato cruel cometido en agravio a 10 personas, incluidos dos menores de edad, la detención ilegal de nueve adultos, cuatro menores de edad, la indebida procuración de justicia por la irregular de diversas indagatoria y la no prevención del lugar de los hechos ocurridos el día 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, municipios de Quecholac, Puebla.
Las autoridades a las que están dándoles las recomendaciones y que se encontraban involucradas, General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, Alberto Elías Beltrán, Subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Carlos Alberto Treviño Medina, Director General de Pemex, el Gobernador de Puebla, Víctor Carranca, Fiscal General, magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quejosos, comunidad de Palmarito Tochapan.
Se acusa de violación de los derechos de libertad Personal y a la presunción de inocencia derivado de las detenciones arbitrarias, violación de derechos a la verdad, derivados de las imprecisiones de los informes proporcionados al organismo nacional de derechos humanos, violación de derechos a la vida por uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de dos personas, violación a los derechos de la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica por el trato cruel, inhumano y denigrante derivado de las lesiones innecesarias para sus sujeción o sometido a la detención por servidores públicos del ejército mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Entre otras recomendaciones, al Secretario de la Defensa Nacional y gobernador de Puebla, en coordinación con la comisión ejecutiva de atención a víctimas, se brinde a los detenidos atención integral y la reparación del daño, en un plazo no mayor de 30 días las víctimas sean inscritas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al fondo de ayuda.
Atención médica y psicológica a víctimas, colaboren las investigaciones ministeriales en los procedimientos administrativos que se inicien en la PGR y la Fiscalía General del Estado.
