HIPÓLITO CONTRERAS/
Desde la privatización del servicio del agua en el gobierno de Moreno Valle se dio una lucha por diversos grupos, se ha creado un frente por la defensa del agua y se ha avanzado, están dadas las condiciones políticas, jurídicas y sociales para lograr la desprivatización del agua, se estableció una estrategia que se ha venido desarrollando mediante asambleas públicas en el zócalo capitalino, afirmó Jorge Méndez Spínola, del Frente por la defensa del agua.
Informó que se logró una audiencia con el representante de la Cámara de Diputados, el día de mañana se entrevistarán con la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, quien ha tomado una determinación, se ha solicitado una reunión con el Secretario Generadle Gobierno, Fernando Manzanilla, finalmente se reunirán con el gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta.
Explicó que la lucha implica también que el Congreso apruebe una nueva ley estatal de agua, lo mismo que a nivel federal, habrá un foro regional el 20 de septiembre, a nivel nacional se aprobará la Ley General de Aguas, el objetivo es considerar el agua como un derecho humano, le corresponde al Estado mexicano de proteger este recurso vital.
Denunció que la empresa sigue clausurando tomas de agua y drenaje a quienes tienen adeudos, por esto, informó, existe un acuerdo del Congreso del estado para que haga un exhorto a la empresa para que no siga con esas medidas.
Expuso que así mismo el Congreso derogará los artículos de la ley del agua vigente para eliminar facultades a la empresa para que no continúe con la suspensión del servicio y llegar a la abrogación total de la anterior ley y la creación de una nueva ley.
Indicó que el gobernador electo ha planteado que ha tenido una reunión con la empresa a la que le expuso que el agua es un derecho, no un negocio, se seguirá un procedimiento en el que el movimiento social.
Pedimos, informó, la destitución de Francisco Muñoz Pérez, director de gestión y planeación del ayuntamiento por la corrupción que ha tenido con la empresa, y la de Gustavo Gaytán Alcaraz, director general del SOAPAP y socio de varios de los directivos de la empresa Agua de Puebla.
Creemos, dijo, que hemos avanzado mucho, se tiene que combinar la participación institucional, la jurídica y el movimiento social, la nulidad del contrato es un planteamiento reciente, la empresa dice que si le retiran la concesión le tendrán que pagar aproximadamente más de mil 700 millones de pesos, peor el planteamiento que se hace es que por la vía de la nulidad no habría ninguna responsabilidad por parte del gobierno del estado y municipal de pagar alguna indemnización.








